Piden elevar a juicio causa por la usina de facturas truchas que benefició a Austral Construcciones

Santiago Ulpiano Martínez, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 1 de Bahía Blanca, solicitó la elevación a juicio de la causa por la denominada usina de facturas truchas que lleva adelante el Juzgado Federal N° 1 contra Franco, Enzo, y Silvio Luis Ficcadenti; José Antonio, Denis Ariel, y Franco Nicolás Ferreyra; y Rogelio Alberto Chanquía, por considerarlos prima facie en calidad de autores responsables del delito de asociación ilícita tributaria en los términos del artículo 15 inc. c) del Régimen Penal Tributario, en carácter de miembros.

El hecho que se investiga, puntualizó el Fiscal Martínez en la requisitoria de elevación a juicio, “consiste en integrar una asociación compuesta por más de tres personas, destinada a cometer, colaborar o coadyuvar con habitualidad delitos tributarios tipificados en la ley penal tributaria, al menos desde del año 2007 en adelante, y a través de las siguientes sociedades: Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA y Terrafari SA (Grupo Ficcadenti); Constructora Patagónica Argentina SA, Vialinvert SA y Ferreyra Constructora Vial SA (Grupo Ferreyra)”.

Más allá de que Austral Construcciones haya sido la beneficiaria de las facturas truchas bahienses, Lázaro Báez no será juzgado en los tribunales locales ya que recibió condena en Capital Federal por lavado de dinero (entienden que se trata de un mismo delito). pic.twitter.com/29qDfGBR8v

— Germán Sasso (@SassoGerman) August 24, 2022

Algunas de esas empresas, precisó el representante del Ministerio Público, si bien se encontraban prima facie registradas ante AFIP, no mostraban actividad económica real, ni capacidad económica o financiera como para facturar la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados.

Con la logística comercial necesaria (aunque sin capacidad económica real) y a través de la falsificación de facturas donde se hacía constar la prestación de servicios que en realidad no se realizaba y/o en los que se declaraban precios mayores a los cobrados, “proveía de crédito fiscal apócrifo a diferentes contribuyentes a cambio de sumas de dinero, permitiendo a los compradores de las facturas falsas disminuir su carga tributaria, consumando así el delito de evasión tributaria”.

Según la investigación, la maniobra consistía en que empresas usuarias "contrataban” a una de las entidades referidas, que a su vez subcontrataba los bienes de uso y el personal que otra de las empresas vinculadas falsamente decía tener para "realizar la obra” o "prestar el servicio” que solicitaba la primera, emitiendo consecuentemente facturas apócrifas que les permitía a los sucesivos acreedores del servicio hacerse de crédito fiscal para disminuir la carga tributaria que debía ingresar al fisco.