Procesaron a Lázaro Báez como el jefe de una asociación ilícita en Bahía Blanca

Más de cinco años después de que comenzó la investigación, la Justicia federal de Bahía Blanca procesó al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, como el supuesto jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones y ordenó trabarle embargos hasta cubrir la suma de $120 millones.

El juez federal Walter López da Silva -quinto magistrado al frente de una investigación que afrontó todo tipo de contratiempos- también procesó a varios empresarios y profesionales bahienses como coautores de la asociación ilícita. Entre ellos, Silvio Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Alberto Chanquía, con embargos de $70 millones cada uno.

López da Silva dispuso, sin embargo, que tanto Báez como los bahienses procesados continuarán en libertad, ya que no ordenó su prisión preventiva mientras sigue adelante la pesquisa, con la apertura de un nuevo expediente por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

La resolución del juez López da Silva se conoció solo horas después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamara el procesamiento de Báez y los restantes acusados por las presuntas maniobras delictivas que habría protagonizado durante años con facturas apócrifas -es decir, "truchas"- para beneficiar a Austral Construcciones, la principal constructora de Báez.

Los procesamientos llegaron, tal como publica el diario La Nación, poco después de que el abogado porteño Adrián Rois renunciara como defensor del dueño de la financiera Crediba, Néstor Manuel Piñeiro, quien también terminó procesado, sin prisión preventiva como supuesto miembro de la asociación ilícita, al igual que el hijo de Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, y otros empresarios bahienses: Franco y Enzo Ficcadenti, Denis y Franco Ferreyra, y Mario e Iván Pedraza.

Rois renunció a la defensa de Piñeiro días después de que se revelara la irrupción en Bahía Blanca del ayudante de cátedra del entonces presidente electo, Alberto Fernández, quien tras la publicación periodística rechazó a través de su cuenta oficial de Twitter, y de manera tajante, cualquier sospecha por tráfico de influencias.

Rois también negó, enfático, la comisión de cualquier eventual falta ética en su labor, que acotó a lo profesional. Presentó un escrito en defensa de Piñeiro en que pidió su sobreseimiento. Pero el juez López da Silva no admitió su planteo y terminó por procesar a su cliente y dictarle un embargo por $ 40 millones.

Mejor parados, en cambio, salieron otros dos empresarios de Bahía Blanca, Mauro Ficcadenti y Jorge Atilio Ferreyra. El magistrado estimó que no hay méritos suficientes para procesarlos o sobreseerlos con las evidencias recolectadas durante estos casi seis años de investigación.