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Los que ganan con la pandemia

Cuál es el rubro que incrementó la actividad en cuarentena. Además, el "expediente geriátricos" va a fondo contra las dos exfuncionarias municipales. Feroz controversia por las ambulancias. Y mucho más.

Grimberg y Brandán, investigadas

Tal como viene informando LA BRUJULA 24, la exsupersecretaria municipal durante el gobierno de Rodolfo Lopes, Mónica Grimberg, y Ana Brandan, también integrante de aquel elenco, están hoy en el ojo de la tormenta por su actuación en Región Sanitaria.

Además de lo conocido públicamente, el Ministerio de Salud bonaerense inició una investigación para saber qué responsabilidades les cupo en relación al geriátrico trucho de Avellaneda 775, donde se produjo un brote de coronavirus que hasta el momento se cobró dos vidas.

Según pudo saber esta sección, los directores Maximiliano Nuñez Fariña y Lauriano Alimenti elevaron actuaciones que dieron inicio a una auditoría que tramita en la ciudad de La Plata.

El expediente administrativo, señala que ante la “gravedad y sensibilidad humana del caso” y “ante la sospecha de omisiones o acciones tendientes a la habilitación, recepción de denuncias y/o bajas de geriátricos es que solicitamos que se realice una auditoría sobre el área de fiscalización sanitaría que se encuentra dentro de la delegación Región Sanitaria I de Bahía Blanca”.

Y remarca que deberá investigarse a “Ana Brandan y Mónica Grimberg -agente de Región Sanitaria y ex funcionaria municipal- quien tenía a su suegra en el hogar citado en autos, hoy fallecida por COVID19”.

Los sumarios y la auditoría estarán a cargo de la “Dirección de Redes y Regiones” y de la “Dirección Provincial de Fiscalización Sanitaria”.

Quienes defienden a Brandan argumentan que “hizo su trabajo con los pocos recursos que le proveía el Estado”. Otros, en cambio, afirman que “hay que investigar a fondo porque eso huele mal hace años. Ella sobrevive a todas las administraciones. Todos pasan y ella queda. Si estaba en tan malas condiciones trabajando podría haber renunciado a esa función y nunca lo hizo”.

Un viejo dirigente político, conocedor del paño, dejó una reflexión inquietante sobre el descontrol de los geriátricos por parte de quién debía controlar: ¿Qué hacen ciertos policías con los talleres o prostíbulos a los que dejan seguir funcionando pese a conocer su ilegalidad? Bueno, indaguen por ahí”.

Los "casi legales" y los "re truchos"

Hace un par de semanas se aprobó en la Legislatura bonaerense una ley de emergencia que tiene como principal objetivo que los geriátricos ilegales puedan entrar en la órbita del Estado y modificar lo necesario hasta quedar “en blanco” por completo.

El punto más importante, además de lo edilicio, es que deben tener un equipo de salud que conste de un médico y enfermeras. Pero en Bahía, desde antes de la sanción y la reglamentación de la norma, Región Sanitaria I comenzó a trabajar con este tipo de instituciones. Tal es así que el número de establecimientos que “están haciendo los papeles” y podrían llegar a ser habilitados en un futuro son alrededor de 90.

El resto, considerados depósitos de ancianos y que superarían los 200, deberán ser cerrados y desalojados.

Los que ganaron en la pandemia

A simple vista, y recorriendo las calles, uno puede darse cuenta del incremento notorio de los cadetes desde que se declaró la cuarentena. Se trata de un rubro que, a contramano del resto, se expandió en plena crisis.

Según información que pudo recabar Bahía Indiscreta, de 30 personas dedicadas a la actividad previo a la pandemia, el número saltó a más de 150. Ya sea en moto o en bici, de algún comercio particular o de grandes cadenas como “Pedidos Ya” o “Glovo”, su crecimiento fue exponencial. Aunque no son todas buenas.

La realidad es que la mayoría de los recientes ingresantes no está agremiado y con esto surgen varios problemas. Los que trabajan para las multinacionales no tienen ningún tipo de cobertura y, básicamente, si no van a trabajar no cobran. Incluso varios se han lastimado y quedaron a la buena de Dios.

Si bien podrían estar nucleados bajo la órbita de la Asociación Sindical de Trabajadores Mensajeros y Cadetes, muchos prefieren mantenerse por fuera del sistema.

Exfuncionario acusado de romper la cuarentena

Hace unos días, el extitular del IOMA bahiense Gonzalo González  mantuvo un altercado con efectivos policiales luego de que lo identificaran y le iniciaran una causa judicial por supuesta violación de la cuarentena.

El hecho sucedió cuando aún el aislamiento era más estricto en la estación de servicio de calle Pilmayquen y Cabrera. González fue identificado y fue invitado a firmar las actuaciones en la seccional del Barrio Patagonia.

Según pudo saber esta sección, el abogado –especialista en derecho Civil y Comercial– protestó ante los uniformados por entender que su salida estaba justificada y que estaba siendo víctima de abuso de poder.

La causa se inició y, como todas las relacionadas a la cuarentena, tramita en el Juzgado Federal: el letrado, al que se lo vio enfurecido por la situación, deberá plantear sus quejas en ese ámbito.

Reunión

Una reunión clave para ir liberando actividades se dio la semana pasada en el despacho del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

El anfitrión recibió al diputado oficialista Gabriel Godoy y al opositor Santiago Nardelli para tratar, básicamente, los pedidos pendientes que habían sido enviados desde Bahía para la reapertura de actividades. El más conversado fue el relacionado a indumentaria y calzado: quedó claro que con un protocolo más estricto estaría la firma.

Tras el cónclave, varios requerimientos fueron teniendo el visto bueno de Gobernación y a las pocas horas se efectivizaron.

A los bahienses les quedó claro que las demoras no respondían a cuestiones políticas sino a la congestión administrativa por los miles de pedidos de todos los intendentes.

Servicios de emergencia en guerra

Un accidente de tránsito derivó en una causa penal en la que se investiga el accionar del SAME bahiense.

La semana pasada una mujer de 33 años chocó con su moto contra un camión de caudales perteneciente a la empresa Brinks en la esquina de Juan Molina y Tucumán. Ante Policía y Defensa Civil la accidentada manifestó sentir un fuerte dolor en la rodilla izquierda.

Pedida la ambulancia al 107, un operador –supuestamente médico– manifiesta que quiere conversar con la mujer por teléfono. Un operario de Defensa Civil hace la conexión y quien se encontraba del otro lado de la línea evalúa que el caso no es de gravedad y que no enviaría una ambulancia: sugiere que la motociclista se traslade por sus propios medios a un centro médico a hacerse una radiografía. El resultado: una fractura en la rótula.

La decisión de no asistir generó estupor entre el personal municipal, bomberos y policías presentes en el lugar del accidente. A tal punto llegó la bronca, que un oficial se comunicó con la fiscalía en turno para explicar la situación. Desde el Ministerio Público le respondieron que le avisaran al SAME que si negaban a concurrir se iniciaría una causa judicial por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”. Tras la advertencia, una ambulancia fue despachada.

La ambulancia no puede negarse a asistir.

Mientras el fiscal Cristian Aguilar investiga los sucesos, desde Defensa Civil y Policía manifiestan preocupación y señalan que “no es la primera vez que esto sucede” y que “muchas veces la ambulancia se niega a ir”.

“Nosotros no tenemos los conocimientos para evaluar si un herido es grave o no. Si tiene una lesión interna o algo que desconocemos. Es una locura que le tiren esa responsabilidad de evaluar la gravedad de una persona accidentada a alguien que no estudió para eso. Están todos locos. Ellos son el Estado y la ciudad les paga con sus impuestos para que vayan cuando se los necesita. Una ambulancia del servicio público nunca se puede negar a ir. Nunca”, expresó un funcionario que asiste a los hechos de tránsito.

En tanto el jefe del servicio de emergencias médicas Nicolás Muñoz Cruzado enfureció y pretende renunciar, según relataron fuentes de Alsina 65. Los médicos “reguladores”, que eran quienes evaluaban la emergencia antes de despachar el recurso, serían momentáneamente desactivados.

Desde el SAME argumentan que “no se puede ir a todos los eventos. Los recursos son finitos y hay que hacer una evaluación previa. No se puede enviar una ambulancia a tontas y a locas. Estamos en el medio de una pandemia, no se pueden malgastar recursos”.

Pavadas.

Una de las coordinadoras del servicio, la médica Renata Pierini (conocida por haber sido condenada en primera instancia por la muerte de una pareja en el Barrio Las Cañitas que murió por monóxido), escribió en las redes sociales que “necesitamos médicos reguladores de las llamadas  para que la ambulancia salga cuando debe, para que no se ocupe en pavadas y luego no pueda usarse en verdaderas emergencias”.

Y lanzó una dura advertencia: “Esta ciudad no lo entiende, ni su Intendente, ni Defensa Civil, ni la Policía, ni los fiscales ni el Poder Judicial en general. Me gustaría que piensen que pasaría en Bahía si todos los médicos dejamos de hacer guardias por la presión política-judicial. ¿Quién va a estar ahí para ustedes si siguen tirando de la cuerda?”

La pelea ya fue declarada en Código Rojo.

Sesiones: cada 15 días

El Concejo Deliberante comenzará a sesionar jueves de por medio. Esta idea se verá plasmada en un decreto de su presidente, Fernando Compagnoni, es acompañada por todos los bloques que componen el cuerpo, y comenzará a regir desde esta semana. La decisión no es antojadiza. Por la cuarentena, y ante la imposibilidad de que todos los empleados concurran en persona a Sarmiento 12, no dan los tiempos para tener todas las cuestiones administrativas listas para sesionar una vez a la semana.

“Queremos que haya continuidad en la actividad del Concejo. Nos parece muy importante en este tiempo tan difícil que estamos atravesando como sociedad. Y la forma de garantizarla es ésta”, comentaron desde el deliberativo a Bahía Indiscreta.

Reunión de padres

Mucho ruido generó en las últimas horas la reunión que organizó la directora de un colegio privado, que convocó a una reunión presencial de padres y madres en el establecimiento.

En época de pandemia, con encuentros sociales obviamente prohibidos, la docente quiso comunicar su preocupación ante la falta de pagos de la cuota y reunió el viernes a un grupo de personas en el salón de actos de la institución.

Entendible el reclamo por el alto porcentaje de atraso en los pagos, reprochable que no haya utilizado el Zoom o cualquier otro medio moderno para comunicar su mensaje. Esperemos que este “desliz” no haya significado un paso atrás sanitariamente hablando.

Intendentes por el bondi

Ya se sabe que, tras un Zoom (como casi siempre en pandemia), un grupo de intendentes del interior decidió formar una Liga para pelear por que el sistema de subsidios nacionales sea más equitativo entre el conurbano y sus ciudades. Del encuentro, liderado por el intendente de Córdoba Martín Llaryora, participó Héctor Gay.

Según coordinaron, la semana que viene los jefes comunales tendrán comunicación directa con el Ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni. Veremos si, en medio de esta grave crisis económica y de una pandemia mundial, se pueden llevar algún compromiso en el bolsillo.

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