De las 741 tobilleras que hay en el país, solo la mitad está en uso

La línea 144, de atención de mujeres en situación de violencia de género, recibe más de 400 llamadas por día en todo el país, en pedido de asesoramiento y contención.

En alerta por una tasa de víctimas fatales que no baja desde hace tres años y que, pese a las acciones del Estado y la sociedad civil, continúa siendo de un femicidio cada 32 horas, según la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno decidió utilizar las tobilleras duales electrónicas en los casos de extremos de riesgo.

La medida comenzó a implementarse a mediados de 2018, además del botón antipánico que tiene mayor penetración como medida cautelar. Sin embargo, según datos de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de las 714 tobilleras que ya están entregadas en 18 provincias, solo 365 dispositivos están en funcionamiento.

Esto se debe, explican fuentes de ese organismo y legisladoras nacionales de distintos espacios políticos, a que es el Poder Judicial quien debe evaluar a quiénes les determina el dispositivo y cuánto durará la medida cautelar –que en promedio, dispone unos nueve meses de uso– y que no son las mujeres quienes pueden solicitarlas directamente para que se les coloquen a sus agresores. Además, según denuncian organizaciones feministas, “no resultan suficientes”.

En la Provincia de Buenos Aires (PBA), hay solo 23 tobilleras funcionando y sesenta llamadas al 144 por día. De hecho, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de las Mujeres de mayo de 2019, más de la mitad de las llamadas efectuadas por primera vez por una mujer en situación de violencia de género en el país fue efectuada desde la PBA.

Además, es la provincia con mayor número de femicidios del país, 95 de los 275 casos de 2018, según el relevamiento del Observatorio de género MuMaLá.

“La tobillera es efectiva y supera a otras medidas cautelares como el botón antipánico”, afirmó Florencia Schkolnik, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, y explicó: “La diferencia sustancial es que, en este caso, el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía y no la mujer, que debe evaluar la situación para apretar el botón”.

“La mayoría de los jueces carece de formación sobre las características propias de la violencia machista”, dijo la diputada nacional Lucila De Ponti, del Movimiento Evita.

Fuente: Perfil.