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La "prueba clave" que presentó la defensa Kirchner ante la ONU por la condena en Vialidad

Sus abogados sostienen que un análisis económico basado en documentación incorporada a la causa Cuadernos contradice uno de los argumentos utilizados para condenar a la expresidenta.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner amplió su reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU con un informe económico que, según sus abogados, cuestiona uno de los fundamentos de la condena en la causa Vialidad.

Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicaron que accedieron a nueva información a partir de la declaración de un funcionario técnico de Vialidad durante una audiencia de la causa Cuadernos. Luego solicitaron la base de datos mencionada y encargaron una auditoría a especialistas de la consultora brasileña Specs.

El estudio analizó recursos provenientes de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre 2008 y 2015. Según los resultados difundidos por la defensa, esos fondos financiaron 367 obras ejecutadas por 114 constructoras, mediante 3.855 certificados por unos 2.200 millones de dólares.

De ese universo, 17 obras estuvieron relacionadas con empresas del Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. Representaron el 4,63% de los proyectos y recibieron 36 certificados. El monto asignado habría alcanzado los 18,66 millones de dólares, equivalente al 0,85% de los fondos estudiados.

“Cuando vimos qué era lo que se le había asignado a Lázaro, era menos del 1%”, sostuvo Beraldi. La defensa también señaló que ninguna compañía del Grupo Austral figura entre las 15 constructoras que concentraron el 75% de los recursos analizados.

A partir de esos datos, los abogados sostienen que el informe contradice la hipótesis utilizada en la sentencia y pidieron que sea considerado por Naciones Unidas.

El objetivo principal es lograr que se revise y anule la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por la llamada causa Vialidad, que quedó firme en junio de 2025 cuando la Corte Suprema rechazó sus recursos. Actualmente, la exmandataria cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Borrego también cuestionó la fundamentación del fallo y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Esta sentencia de condena es un delirio, nunca leí algo así”, afirmó durante la conferencia.

Con información de Perfil

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