El Gobierno recortó casi $2,5 billones y el ajuste golpea a educación y universidades

El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante una decisión administrativa y aplicó un recorte de casi $2,5 billones, equivalente a cerca del 1,6% del total. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca reforzar la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional.

El ajuste impacta en distintas áreas del Estado, pero uno de los puntos centrales es la reducción de partidas vinculadas a educación y universidades, en la previa de una nueva marcha federal universitaria prevista en Plaza de Mayo. Según la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno recortó $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales.

Entre las bajas más importantes figura el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288 millones, principalmente en fondos destinados a las provincias. También se eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929 millones y se redujeron partidas para infraestructura escolar, equipamiento, políticas socioeducativas y becas estudiantiles.

Las universidades nacionales también fueron alcanzadas por la medida, con una poda de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. Entre las más afectadas aparecen La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

La decisión también contempla cambios en materia previsional. Se elevó a $712.288 millones el límite para cancelar sentencias judiciales previsionales y deudas derivadas de acuerdos transaccionales. Además, se reforzaron créditos para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del personal de Anses, con una transferencia de $162.000 millones desde el Tesoro.

Por otra parte, el Consejo de la Magistratura recibió incrementos presupuestarios para gastos en personal y bienes de uso. En paralelo, el mayor recorte general recayó sobre “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-”, por $1,47 billones, en línea con la reducción de subsidios y el aumento de tarifas. También hubo bajas en energía, deporte, obra pública, salud, integración social y urbanización.

Con información de La Nación