Polémica en Mendoza: cierran una maternidad histórica por la baja de nacimientos

El cierre del área de maternidad del hospital Carlos Saporiti, en Rivadavia (Mendoza), desató una fuerte polémica entre autoridades sanitarias, profesionales de la salud y la comunidad. La medida, dispuesta por el Ministerio de Salud provincial, responde a una reestructuración del sistema que contempla la apertura de un área de salud mental, en un contexto de baja sostenida de nacimientos y cuestionamientos sobre las condiciones de atención. Sin embargo, generó protestas y rechazo social, con acusaciones de “vaciamiento programado” por parte de dirigentes locales.

Desde el punto de vista técnico, la decisión se fundamenta en el bajo volumen de partos, que ronda los 10 mensuales, y en la imposibilidad de cumplir con estándares internacionales, como las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE). Las autoridades sostienen que la derivación de pacientes a centros de mayor complejidad, como el hospital Perrupato, permitirá mejorar la seguridad materno-infantil. Según el ministro Rodolfo Montero, “el objetivo principal es la atención materno infantil regionalizada con maternidades seguras para lograr el descenso de la morbimortalidad del binomio madre hijo”.

No obstante, médicos del Saporiti advierten que el cierre implica riesgos concretos para las embarazadas, especialmente en zonas rurales alejadas. El ginecólogo Augusto Sánchez Publio señaló: “Cuando hay una embarazada con trabajo de parto y complicaciones, en obstetricia los minutos son determinantes”. También cuestionó los argumentos oficiales al afirmar: “No es cuestión de acomodar partos por un tema económico. Nuestros resultados son buenos”.

El conflicto también tiene un trasfondo político. Desde el municipio y sectores opositores sostienen que la medida implica la pérdida de servicios esenciales en el departamento. En esa línea, se denunció que “no nos dejan tener a nuestros hijos en el departamento”, mientras se evalúa la posibilidad de judicializar la decisión. En paralelo, el gobierno provincial defendió la regionalización del sistema sanitario, señalando que procesos similares se implementan en otras localidades.

En medio de este escenario, los profesionales comenzaron a adaptarse a las nuevas funciones, aunque persiste la incertidumbre en la comunidad. Las protestas, bajo consignas como “La Neo no se va” y “No somos números, son vidas”, reflejan una tensión que combina razones sanitarias, sociales y políticas, y que aún no encuentra una resolución definitiva.

Con información de La Nación