Condenan a conocido abogado por participar de una red de trata y tenencia de droga

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a cuatro años de prisión al abogado José Andreatta (52) por su participación en una red de trata de personas y tenencia de drogas.

Se trata de una causa en la que las víctimas fueron tres mujeres, dos de ellas transgénero y una menor de edad. Los hechos ocurrieron durante 2022 y 2023. En total fueron cuatro los imputados.

Andreatta fue encontrado culpable como partícipe secundario de trata agravada y por tenencia de estupefacientes para comercialización y DNI ajeno. Se probó que asesoraba a la principal imputada para simular desconocimiento de la actividad de las víctimas mediante recibos de alquiler.

El fallo, emitido el 2 de diciembre de 2025, y reseñado por el sitio web fiscales.gob.ar estuvo en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Además de las penas de prisión, el tribunal dispuso el decomiso de dos inmuebles en Bahía Blanca utilizados para la explotación y ordenó una reparación económica para las tres víctimas, con montos de $20 millones para dos de ellas y $13 millones para la tercera.

La pena más alta recayó sobre Karina Carrasco (51), condenada a 8 años de prisión como autora del delito de trata de personas en las modalidades de captación, acogimiento y traslado, agravado por la multiplicidad de víctimas, el abuso de su vulnerabilidad, la participación de varias personas y la consumación de la explotación. Su hermano, Santiago Carrasco (55), recibió 4 años de prisión como partícipe secundario, con una pena unificada de 5 años por una condena previa, por ser cuidador de un sitio de explotación y colaborar en la captación.

La cuarta imputada, Marta Sanso (79), propietaria de uno de los inmuebles, fue condenada a 2 años de prisión de ejecución condicional como partícipe secundaria de explotación de la prostitución ajena, al demostrarse que alquilaba el lugar con pleno conocimiento de la actividad de los hermanos Carrasco.

La maniobra de Karina Carrasco consistía en captar a las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad (calle, sin estudios, serias necesidades económicas, antecedentes de abuso), con promesas de casa a cambio de prostituirse por un porcentaje. Sin embargo, les generaba supuestas deudas por alojamiento, comida, papel higiénico, estupefacientes (que las obligaba a consumir) y hasta por preservativos, reteniendo gran parte o la totalidad de sus ganancias y manteniéndolas cautivas.

La causa se inició en mayo de 2023 a raíz de una denuncia a la línea 145, realizada por una empleada hospitalaria tras atender a una joven de 19 años con signos de abuso físico. Las víctimas relataron que eran sometidas a maltratos, control total, obligadas a tener múltiples encuentros sexuales por día (hasta seis o siete) y forzadas a consumir cocaína para "aguantar más", incluso ofreciendo servicios con tarifa diferencial que incluían el consumo de drogas y sexo sin protección. Sus testimonios fueron clave para las imputaciones y la condena.