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Diputados: presentan un pedido de informe sobre cobro de alquiler por los puentes

Exigen al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de Gabinete conocer detalles de la medida.

El diputado nacional Pablo Juliano (Democracia para Siempre) presentó un pedido de informe al Ejecutivo Nacional para que expliquen las razones por las cuales se está cobrando alquiler al Municipio de Bahía Blanca por los puentes instalados tras la inundación de marzo.

Este jueves se conoció en que poco después de instalar los puentes que fueron afectados por las lluvias del temporal del 7 de marzo, el gobierno nacional exige el pago mensual de $17 millones de pesos.

Ante esta información el pedido exige al Ministerio de Defensa, a la jefatura de Gabinete y a los otros organismos involucrados que ofrezcan los siguientes detalles:

  1. Cuál fue el criterio adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional para disponer el cobro o alquiler de los puentes Bailey instalados en la ciudad de Bahía Blanca.
  2. Qué organismo del Estado Nacional dispuso o autorizó dicha facturación, indicando fecha, monto y número de expediente administrativo correspondiente.
  3. Informe si existen antecedentes de cobros similares por parte del Estado Nacional a otros municipios o provincias en situaciones de emergencia o desastre natural.
  4. Detalle los convenios, contratos o acuerdos firmados entre el Ministerio de Defensa, el Ejército Argentino y el Municipio de Bahía Blanca en relación con la instalación, mantenimiento y posterior retiro de los puentes de emergencia.
  5. Informe si se efectuaron transferencias de fondos o pagos por parte del Municipio de Bahía Blanca al Estado Nacional o a sus dependencias por tal concepto.
  6. Indique si el Ministerio de Defensa o la Secretaría de Protección Civil emitieron dictámenes técnicos o jurídicos que avalen el cobro por el uso de infraestructura destinada a la atención de emergencias.
  7. Especifique si el Poder Ejecutivo Nacional prevé modificar los protocolos vigentes para garantizar que, en futuras emergencias, los municipios y provincias afectadas no sean objeto de cobros o cargos económicos por la asistencia humanitaria o el uso de equipamiento de defensa civil.

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