El Gobierno advirtió a las universidades que podrá cortar fondos

El Gobierno nacional intimó a las universidades públicas a garantizar la continuidad de las actividades académicas y a presentar información sobre el uso de fondos, al tiempo que advirtió que podrá interrumpir transferencias en caso de incumplimiento.

La medida fue formalizada mediante una nota firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dirigida al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El documento, fechado el 30 de abril, sostiene que el Poder Ejecutivo “sí cumple la ley” y cuestiona a las autoridades universitarias por lo que considera una falta de acción frente a medidas de fuerza que afectan el dictado de clases. En ese marco, se les exige adoptar medidas para garantizar el derecho a enseñar y aprender.

En el texto, el funcionario remarca que el presupuesto 2026, sancionado por el Congreso, establece los recursos para el funcionamiento de las universidades y que su ejecución “se encuentra cumpliendo acabadamente el Poder Ejecutivo”. Además, recuerda que las casas de estudio deben remitir información a la Subsecretaría para la asignación y control de fondos.

En ese sentido, la nota incluye un fragmento de la normativa vigente que advierte sobre posibles sanciones: “Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

El Gobierno también cuestiona declaraciones de las autoridades universitarias y plantea que existe una “intencionalidad política para tergiversar la realidad”, al tiempo que reafirma su postura de exigir el cumplimiento de las obligaciones legales.

Por otra parte, el documento hace referencia a la autonomía universitaria, señalando que la administración de los recursos y la negociación salarial son responsabilidad de cada institución. En ese punto, se recuerda que las universidades actúan como empleadoras en paritarias docentes y no docentes.

En el tramo final, la Subsecretaría insiste en que los rectores deben garantizar el normal desarrollo de las clases y cumplir con los requerimientos oficiales. “Volvemos a exigir que los rectores, en cumplimiento de sus obligaciones, garanticen la continuidad de las actividades académicas en sus universidades, adoptando las medidas necesarias para que no se vulneren los derechos constitucionales a educar y aprender”, concluye la nota.