Comenzaron las clases y el transporte escolar afronta un nuevo desafío

Por Leandro Grecco
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La ordenanza Nº 8166 que regula el funcionamiento de los transportes escolares en Bahía Blanca rige desde el 12 de agosto de 1994, más allá de que luego fue sometida a modificaciones, muchas de ellas en tiempos de la pandemia por el Covid-19. 

En su artículo Nº 3 estipula que los prestatarios del servicio deberán estar expresamente habilitados por la autoridad de aplicación y control municipal, dentro de los plazos establecidos. 

Además, otro apartado de la ordenanza señala que las habilitaciones que se otorguen en cumplimiento de esta normativa, tendrán vigencia mientras se cumplan los requisitos por ella normados, debiendo los prestadores al principio de cada ciclo lectivo dar cumplimiento a las exigencias sobre higiene y seguridad del vehículo.

En el artículo Nº 10 se deja expresamente aclarado que los vehículos a habilitar para la prestación del servicio deberán estar dispuestos como microómnibus, combis o similares con una antigüedad máxima de quince años. 

También queda prohibida la utilización de jeeps, pick-ups, furgones o cualquier otro vehículo que ofrezca riesgo para el transporte de menores. Tienen que contar con una capacidad mínima de diez y máxima de veintinueve asientos fijados al piso y tapizados en cuerina plástica lavable o similar, acolchada convenientemente, tanto los asientos y respaldos como la parte posterior de los mismos. 

Las unidades deben contar con dispositivos y mecanismos precisos de apertura y cierre de puertas ascenso y descenso de los niños, los que serán accionados exclusivamente por el conductor o celadores. 

Además, deberán tener una puerta de emergencia de accionamiento normal independiente de la plataforma de ascenso y descenso. Y poseer elementos contra incendios y botiquín de primeros auxilios con los elementos mínimos especificados por la autoridad de aplicación y control. 

Las ventanillas deberán limitar su apertura a un máximo de cinco centímetros y la superficie vidriada de las mismas no podrá ser inferior a 1.80 metros. Y los pisos deberán estar recubiertos con materiales antideslizantes y de fácil limpieza. 

La norma menciona que las unidades se someterán, además de a una minuciosa desinfección periódica, a inspección técnico-funcional y de seguridad para su habilitación, las que se convertirán luego en constantes y obligatorias. Las mismas serán trimestrales para vehículos de más de diez años de antigüedad; semestral para unidades de entre cinco y diez años y anuales para unidades de hasta cinco años de antigüedad. 

Por último, establece que las combis no podrán circular en ningún caso con más pasajeros que la cantidad de asientos de cada una de ellas y no deben transitar a velocidades que superen los treinta kilómetros por hora, tanto en calles y avenidas, y quince kilómetros en cruces y bocacalles. 

Los responsables de la conducción de vehículos de transporte escolar deberán ser mayores de 21 años y menores de 65, poseer documento de salud laboral expedido por autoridad competente y registro habilitante para el transporte de escolares. También debe presentar certificado de buena conducta expedido por autoridad policial y ostentar inscripción en registro específico que habilitará la autoridad de aplicación.

Marcelo Laucirica es uno de los históricos referentes de dicha actividad en la ciudad. En diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24 bajó a la realidad la actualidad del rubro, en los albores del inicio de un nuevo ciclo lectivo.

“Respecto de las expectativas del sector en vísperas del comienzo de clases, entendemos que habrá una leve retracción en las contrataciones, con relación al año pasado. Eso se explica fundamentalmente por el aumento de precios”, reflejó Laucirica, mostrando un muy moderado optimismo respecto de lo que pueda desencadenarse durante el año.

En paralelo, aseveró que “actualmente en Bahía Blanca hay unas 20 unidades habilitadas para brindar el servicio. En relación a las que trabajan para la Dirección General de Escuelas y las que lo hacen de manera particular, las primeras están destinadas a transitar por caminos rurales y los que son contratados por los padres lo hacen dentro de la ciudad”.

“Los aumentos de combustible y repuestos en relación a lo que debe pagar una familia para contratar una combi han afectado significativamente al costo del transporte escolar. Entre lo que fueron los meses de la pandemia y la constante inflación de los últimos años se perdió más del 50% de los prestadores, un ítem que nunca más se pudo recuperar”, lamentó Laucirica.

No obstante, analizó un flagelo que data de hace décadas: “Trabajamos para que no existan combis truchas dando un servicio de calidad a nuestros clientes, intentando cubrir toda la demanda existente. En relación a la premisa de que solo circulen las unidades habilitadas, desde nuestro lugar los denunciamos, pero hasta ahora la respuesta de las autoridades ha sido casi nula”. 

“Desde hace un tiempo sentimos que en vez de accionar contra quienes trabajan de manera irregular, aumentan los controles sobre los que tienen todo en regla. Casualmente, esta semana le acercamos una nota a Fabián Lliteras, actual subsecretario municipal de Movilidad y Transporte”, admitió el entrevistado para este informe especial.

Y mencionó en relación al encuentro con el funcionario: “Le hicimos llegar una serie de inquietudes respecto de las problemáticas que vivimos a diario con los lugares destinados para que podamos estacionar. Recibió esta preocupación de muy buena manera, como también el pedido de que se controle el transporte clandestino”.

“El servicio mensual, puerta a puerta y al día de hoy, para llevar a un chico a la escuela y de regreso a su casa oscila entre 50 y 60 mil pesos. Expuesto de otra manera, unos 1360 pesos por viaje”, concluyó.