Según el documento preliminar, el objetivo es reducir la litigiosidad, promover empleo formal y adaptación a nuevos modelos productivos.
Se podrán utilizar sistemas o plataformas digitales de pago para cobrar de la totalidad de los aranceles.
Tendrán que abonar el impuesto sobre las comisiones si superan los $200.000 de facturación mensual.
