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El exintendente, sobreseido

Prescribió la causa Lopes: nadie será juzgado

Tras 15 años de proceso judicial, con idas y vueltas, la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia decidió sobreseer el exintendente Rodolfo Lopes, quien en 2006 fue destituido de su cargo tras ser acusado por estafa y malversación de caudales públicos.

La medida, dictaminada por los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral, alcanza también a los otros funcionarios Mónica Grimberg, Fernando Balajovsky, Néstor Riccioti, Jorge Bornemann, Juan Pablo Bosso y Domingo Culotta.

Ya el 8 de abril de 2018 la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías había confirmado, por mayoría, la resolución del Juzgado de Garantías N°3, el cuál había dictaminado que se encontraba extinguida por prescripción la acción penal contra el ex intendente y el resto de los acusados. Ahora, los magistrados volvieron a entender que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo.

Este caso es una demostración más de cómo muchas veces la “burocracia judicial” demora causas por tiempos insostenibles, los cuáles no son justos ni para la sociedad que confía en esta institución, ni para los imputados que pretenden demostrar su inocencia.

Cabe recordar que las escuchas telefónicas, pruebas fundamentales en el caso, fueron anuladas y luego habilitadas. Sin embargo, el paso del tiempo generó que queden archivadas.

Lopes siempre denunció que su causa fue armada, por lo que el juicio oral hubiera significado una chance interesante para demostrar su inocencia. Además, habría reabierto un debate sobre un caso que generó un enorme revuelo en la ciudad y que derivó en un hecho histórico, como la destitución de un jefe comunal.

LA CAUSA

La causa contra Rodolfo Lopes se inició en 2005 y debido a la misma, el Concejo Deliberante decidió destituirlo de su cargo.

La investigación judicial estuvo a cargo del fiscal Gustavo Zorzano de la Unidad de Delitos Complejos. Zorzano realizó en octubre del 2005 allanamientos en el despacho de Lopes, en su vivienda particular y en el departamento de Mónica Grimberg. Pero además los operativos también incluyeron empresas del Polo Petroquímico, una editorial, una imprenta, una sociedad de fomento de la ciudad, tres entidades bancarias, tres viviendas y una empresa de la Capital Federal.

El fiscal llevó a cabo la investigación por presuntas maniobras en el manejo de los fondos públicos, que incluyeron el incumplimiento de los deberes de funcionario público y recepción de dádivas. En el marco de las diligencias judiciales además se habían secuestrado varias computadoras de la municipalidad de Bahía Blanca, teléfonos celulares y documentación.

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