Caso Cantaro
Se viene el alegato de la defensa: qué dirán para evitar una condena
El capitalino Juan Pablo Alonso, defensor de varios ex funcionarios gubernamentales, y el bahiense Andrés Bouzat, intentarán desligar de responsabilidades al funcionario público acusado de integrar una banda narco.
La semana que viene será clave en uno de los juicios más importantes de la historia de Bahía Blanca. Se trata del debate que se está llevando adelante contra el fiscal Cantaro, acusado de integrar una banda narco.
Los abogados defensores del funcionario público –en uso de licencia– harán su descargo el lunes 5. Juan Pablo Alonso es uno de ellos –el otro es el bahiense Andrés Bouzat– y supo dialogar con La Brújula 24 del resonante caso.
En aquella oportunidad, por ejemplo, el profesional se refirió a la relación de Cantaro con uno de los imputados. “Gauna San Millán es hijo de la hermana de quien fuera su mujer, que falleció. Pusieron en Neuquén un negocio de venta de cerveza y Sebastián empezó a tener problemas de consumo de estupefacientes, lo que provocó que su madre lo echara de su casa. Ante ese desamparo, él lo recogió en su casa con varias condiciones, entre ellas que encaminara su adicción. Lo ayudó con un psicólogo y un psiquiatra. Esos pocos meses que estuvo, Sebastián le planteó montar un local de venta de cervezas, para lo cual mi defendido le dio una mano”.
Y sobre el vínculo con uno de los allegados a San Millán, explicó: “Texido era empleado de esta distribuidora de cerveza, desde allí mi defendido se relacionó con él. Hay otros miembros de esta supuesta banda que no tienen ninguna conexión con Cantaro. Él solo conocía a su sobrino y a Texido. Es cierto que hay una conversación que no recordaba, pero que podía obedecer a que el empleado de la distribuidora se quedó sin trabajo y le lavaba el auto a Cantaro”.
Cabe recordar que se pidió la pena de siete años de cárcel para Alejandro Cantaro, por ser parte de una banda narco, delito agravado por ser funcionario, un hecho que no tiene precedentes en la historia institucional de la ciudad.
Justamente las escuchas que se tuvieron a lo largo de la investigación fueron uno de los pilares sobre los que se basó la acusación del fiscal de juicio Gabriel González Da Silva.
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