Piden siete años de cárcel para el fiscal Cantaro por pertenecer a una banda narco

La pena de siete años de cárcel se pidió en la tarde de este martes para el fiscal federal general (en uso de licencia) Alejandro Cantaro, por ser parte de una banda narco, un delito agravado por ser funcionario, en un hecho sin precedentes en la historia institucional de Bahía Blanca.

Fue el fiscal Gabriel González Da Silva el que argumentó el pedido en sus alegatos, realizados en el Tribunal Oral Criminal Federal de nuestra ciudad.

"La conducta de Cantaro debe ser calificada como tráfico de estupefacientes, agravada por su condición de funcionario público, por la que debe responder en calidad de partícipe necesario", dijo González durante la sesión.

Además, se pidió 10 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, al tiempo que solicitó que se investigue a otros miembros del Ministerio Público que podrían haber sido cómplices.

Los magistrados entendieron que está probado a “prima facie” que Cantaro tenía conocimiento de las acciones de algunos integrantes de la banda, y no solo que no lo denunció, sino que lo consideró partícipe necesario.

González señaló como atenuantes que colaboró con la Justicia al facilitar el acceso a su teléfono celular y que cuenta con opinión positiva de sus compañeros de trabajo. Por otro lado, apuntó que el consumo de sustancias ilícitas por parte de Cantaro constituye una gravante.

Los miembros de la Cámara detallaron que el fiscal favoreció a su sobrino Sebastián Gauna San Millán, actualmente preso, y al narco Facundo Texido. El procesamiento había sido dictado por el juez de primera instancia Walter López Da Silva.

En el expediente, al que tuvo acceso LA BRÚJULA 24 en mayo de 2018, figura que “el Dr. Cantaro fue referenciado o mencionado en diversas conversaciones entre varios de los imputados. Incluso han sido captadas diferentes comunicaciones en las que habría intervenido de forma directa.

Presiden el debate oral los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Adrián Silva y Simón Pedro Bracco, mientras que los defensores particulares del acusado son Andrés Bouzat y Juan Pablo Alonso.