El Fiscal reveló cómo llegaron a la autora de los llamados y cuáles serían sus motivos

El Fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la UFI N° 20, quien tuvo a su cargo la investigación por las reiteradas amenazas de bomba en Bahía, dialogó esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, y dio detalles de la captura de quien sería la autora de las mismas.

“Esto se inició hace un mes cuando, a raíz de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, se habían formado múltiples causas por estas amenazas de supuestas bombas en bancos del centro, en Ingeniero White o contra la misma Municipalidad. Eso llevó a que la Fiscalía General concentrara todas las causas en una sola Fiscalía, para llevar a una investigación más completa. Eran tantas las amenazas que el personal policial hacía una sola acta al final del día y se formaba una causa con eso”, refirió el profesional.

Y agregó: “Concentrando toda esa información, nos llevó un mes llegar al núcleo central de todos los hechos, pero no es el total, estamos investigando más de 100 amenazas. Al pedir toda la información unificada a las empresas de telefonía, encontramos patrones de números e información que se concentraban en un solo punto”.

“Tenemos identificados teléfonos pero no por número de línea sino por el equipo usado. Había una gran cantidad de llamados que se producían desde determinados números de IMEI (International Mobile Station Equipment Identity, en inglés)”.

“Lo que me informan desde el lugar es que dos de esos teléfonos se encontraron en ese domicilio. Una parte de la forma en la que se lleva es relativamente técnica y por ahora prefiero no revelar porque aún hay investigaciones en curso. En principio, esta persona estará imputada por unos 70 llamados, pero tenemos otros en investigación y entiendo que los iremos resolviendo en los ´próximos días”, aseveró.

Cabe recordar que la joven detenida se llama Juliana Gil Barrera y fue detenida en José M. Carrega y José Avenente, en Ingeniero White

Sobre el modus operandi, De Lucía comentó que “hablaba ella directamente. El punto de partida del material que teníamos para investigar eran los audios. Se suele pedir al 911 que los mande. Muchas veces hay llamadas que sirven para investigar otros ilícitos. La metodología era similar, lo hacía en determinados días, era la misma persona y voz femenina. Hacía 4 o 5 llamados seguidos dejando mensajes relativamente cortos al 911 informando que una persona ‘X’, siempre cambiando nombres, iba a dejar un artefacto explosivo y luego cortaba la comunicación”.

“No hemos encontrado vinculaciones con intereses políticos o de alguna otra clase, parece que tenía que ver más con ciertos motivos personales o de situaciones que le beneficiaban. En parte con deudas de dinero, porque estos eventos impedían que se pudieran cobrar en los bancos, por ejemplo”, apuntó el especialista.

Y agregó: “La pena tiene un mínimo de dos años y un máximo de seis años. En algunos casos que se dieron en La Plata en los últimos años, por ejemplo, la Fiscalía comenzó a demandar a los padres –por amenazas de alumnos a escuelas– por el costo enorme que tenían que destinarse a los operativos”.