El Gobierno busca recomponer el diálogo con las universidades

El próximo martes 30 de abril se llevará a cabo un esperado encuentro entre los funcionarios del Gobierno nacional y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), instancia que agrupa a los rectores de las universidades públicas del país. Este evento marcará el primer cara a cara después de la Marcha Federal Universitaria, una movilización de gran envergadura que convocó a cientos de miles de personas en las principales ciudades, con epicentro en la Plaza de Mayo y alrededores.

La convocatoria para esta reunión proviene de la Secretaría de Educación y, en esta ocasión, se destaca la participación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en respuesta a una solicitud expresa de los rectores. Asimismo, se espera la presencia de Carlos Torrendell, secretario de Educación, aunque aún no se ha confirmado oficialmente la participación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien ha estado en el centro de la polémica por su postura confrontativa tanto en redes sociales como en encuentros previos.

Según fuentes de la Secretaría de Educación, el objetivo es brindar “previsibilidad” en cuanto al financiamiento de la educación superior, demanda reiterada por los rectores de las 58 universidades nacionales. Se ha anunciado un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento para el mes de mayo, comprometiéndose además a mantener el financiamiento de hospitales universitarios. Sin embargo, se reconoce que los salarios del personal docente y no docente están rezagados con respecto a la inflación y a la evolución salarial de los empleados estatales.

En lo que respecta a las negociaciones paritarias con los gremios universitarios, estas se han llevado a cabo mensualmente sin llegar a acuerdos significativos. Los salarios estuvieron congelados durante diciembre y enero, meses en los que la inflación alcanzó niveles preocupantes. A pesar de un aumento del 16% en febrero y un 12% en marzo, la propuesta de un incremento del 8% para abril fue rechazada por el Frente Sindical de Universidades (FSU), coincidiendo con la revelación de aumentos salariales sustanciales para funcionarios públicos.

Desde la Secretaría de Educación se enfatiza la voluntad de reconstruir la confianza con las universidades, desvinculándose de iniciativas controvertidas como la propuesta de crear una cuenta de correo electrónico para denunciar “adoctrinamiento” por parte de docentes, promovida por el subsecretario Álvarez. A pesar de las tensiones, se destaca que las diferencias entre Torrendell y Álvarez son más de forma que de fondo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que criticó al secretario Torrendell por su participación en una entrevista televisiva que difundió informes periodísticos sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos en algunas universidades. Los rectores expresaron su preocupación por lo que consideran una estrategia para desinformar y desprestigiar las instituciones universitarias.

Este conflicto sobre el financiamiento universitario persiste, con discrepancias entre el Gobierno y las universidades respecto a la magnitud del ajuste que enfrenta el sistema. Mientras algunos argumentan que el ajuste es desproporcionado, desde el Gobierno se desconoce esta afirmación y se sostiene que los gastos de funcionamiento estuvieron congelados el año pasado sin objeciones de las universidades.

El debate también se extiende a la comparación entre lo sucedido en 2023 y lo que ocurre actualmente. Mientras desde el Gobierno se asegura un aumento significativo en el presupuesto ejecutado, las universidades argumentan que las ampliaciones presupuestarias no fueron suficientes para cubrir la inflación y las necesidades reales.

Además del conflicto universitario, la Secretaría de Educación avanza en la implementación del plan nacional de alfabetización. Se espera que las provincias presenten sus planes en una próxima reunión del Consejo Federal de Educación. Este plan se enfocará inicialmente en niños de 0 a 8 años y contará con financiamiento a partir de fondos destinados anteriormente a la distribución de libros escolares.

A pesar de los desafíos presupuestarios, se asegura la continuidad de fondos para evaluaciones y para garantizar la quinta hora de clase en escuelas primarias estatales. Sin embargo, persisten incertidumbres en áreas críticas como la formación docente y la negociación salarial, que se encuentran en un punto muerto.

Con información de Infobae