Alquileres en la era Milei: las 3 claves del plan del nuevo Gobierno para los inquilinos

El presidente electo Javier Milei anunció su intención de derogar la Ley de Alquileres, promulgada en junio de 2020 y reformada recientemente. Milei sostuvo que es necesario entender el alquiler como un contrato entre partes y expresó que la ley vigente causó más perjuicios que beneficios, especialmente afectando a aquellos a quienes pretendía proteger.

En ese contexto, surgen interrogantes. En las inmobiliarias, varios acuerdos a punto de firmarse en estos días se desvanecieron. Los propietarios prefieren postergar las decisiones para entender mejor las posibles implicancias del cambio en el esquema libertario después del 10 de diciembre.

En este contexto, tres claves se destacan actualmente respecto a lo que podría suceder con los alquileres en Argentina y se detallan a continuación.

1 -Cómo serían los futuros contratos
Aunque el presidente electo expresó su intención de derogar la ley y regresar a acuerdos bajo el Código Civil y Comercial, es relevante señalar que, si bien la legislación actual tiene deficiencias en la locación habitacional, se mantiene adecuada para otros destinos como oficinas y locales comerciales, según expertos.

Trascendió que hubo charlas entre dirigentes libertarios que trabajarán en vivienda y algunas cámaras sectoriales que representan inmobiliarias, constructores y desarrolladores.

Si se volviera a los acuerdos previos a la ley (hasta junio de 2020), los contratos tendrían una duración de dos años a través del Código Civil y Comercial de la Nación, con ajustes y libertad de hacer acuerdos entre las partes.

La normativa no puede derogarse mediante Decreto de Necesidad y Urgencia. Al ser una ley aprobada en el Congreso nacional, su derogación, ya sea total o parcial, requeriría un nuevo tratamiento legislativo.

2 – Actualizaciones

Si se volvieran a acuerdos libres entre las partes, también sería crucial reducir la inflación, uno de los grandes desafíos para la administración entrante.

Antiguamente, en los contratos, se solía realizar una especie de previsión para fijar los precios a lo largo de los dos años de duración del pacto, con ajustes actualizados en los meses 6, 12 y 18 del acuerdo.

En el escenario de derogarse la normativa actual y retomarse la senda de hace 4 años, es probable que los aumentos se sitúen por debajo de la inflación. La incertidumbre radica en la elección de la moneda en la que se pacten los contratos, considerando si se opta por una diferente al peso argentino.

3 – Alquileres sociales

El alquiler social es parte integral del Título III de la ley actual que regula locaciones, abordando el Programa Nacional de Alquiler Social con el propósito de “facilitar el acceso a una vivienda digna mediante contrataciones formales”. Según el artículo 18, el organismo a cargo es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda. Aunque se inició durante el Gobierno de Macri, con Fernández se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, sin éxito. Con Milei, la cartera de vivienda volverá a ser una secretaría, y aún no se determinó su dependencia de Capital Humano o Infraestructura.

El programa de Alquiler Social, nunca implementado, se presenta como una alternativa para un sector con fuerte escasez, áreas sin oferta y precios elevados. Fuentes libertarias señalaron la intención de abordar la problemática, resaltando la necesidad crucial de aumentar el stock de unidades disponibles, con el argumento de que “lo que no existe, no es alquilable”. Destacaron la importancia de generar un shock de desarrollo sostenible centrado en vivienda, urbanización y trabajo.

Fuente: Infobae