juicio al fiscal general
El defensor admitió que Cantaro compró droga pero “no es un narco”
Con la exposición de los representantes legales del acusado, finalizó la etapa de los alegatos.
En el marco del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal, hoy le tocó el turno a la defensa del fiscal general Alejandro Cantaro con un cambio de estrategia respecto de lo que se había planteado al comienzo. Uno de los defensores admitió que Cantaro compró droga en más de una oportunidad y lo posicionó como un consumidor pero no como un narcotraficante.
En cuanto a una situación que saltó a la luz en una de las escuchas, donde supuestamente Cantaro recibía droga de parte de un narco, los defensores lo desmintieron y dijeron en cambio que eso que estaba en el buzón era la llave del auto particular del acusado. En la referencia de otra escucha donde el acusado habla de una “tarta de verdura”, se produjo en la audiencia de este lunes una situación llamativa.
“La ‘tarta de verdura’ era cannabis. Cantaro lo niega, yo lo admito y perdoname Alejandro porque no coincidís, pero es así”, dijo el Dr. Juan Pablo Alonso, uno de los defensores de Cantaro, durante el alegato que pronunció en la sala del Tribunal.
El letrado capitalino aclaró que “dos pedidos (de estupefacientes) no lo hacen drogadicto ni narco ni titiritero a Cantaro por buscar consumir cannabis en un asado. Cantaro no sabía de la comisión de un delito por parte de Sebastián Gauna San Millán (sobrino del imputado) y de Facundo Texido. No hubo omisión de denuncia ni incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Presidido por el juez Dr. Ernesto Sebastián, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 14 de junio para la instancia de las últimas palabras. No se sabe a ciencia cierta cuándo será la lectura del veredicto.
Planteos de uno y otro lado
La defensa de Cantaro pidió la nulidad de la solicitud que el martes hizo el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva (requirió 7 años de cárcel por tráfico de estupefacientes en calidad de partícipe necesario y 10 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos) por considerar que se rompió el “principio de congruencia”.
“Si el tribunal rechaza nuestro planteo, aceptando el del fiscal, daría cabida a admitir más de una calificación jurídica. No me queda otra que hacer estas dos defensas. Para el fiscal de juicio, Cantaro pasó de no haber participado a haber participado del tráfico de drogas. Son dolos diferentes y consideramos que ese cambio fáctico perjudica el derecho a la defensa. No sólo cambia el hecho sino las pruebas”, dijo Alonso, que interviene en el caso junto con el abogado bahiense Andrés Bouzat.
Hubo un breve cuarto intermedio para darle al fiscal el derecho a replicar el pedido de nulidad de la defensa.
Sin conexión
“Cantaro cometió un error al intentar ayudar como un buen samaritano. Es fácil decir que se equivocó a posteriori. Sus buenas intenciones no lo relacionan con las drogas”, afirmó el Dr. Alonso. Añadió que González Da Silva no demostró ninguna conexión entre Cantaro y el tráfico de drogas a través de la instalación de la cervecería que iba a regentear su sobrino. “Cantaro no estuvo a cargo del emprendimiento. De haberlo estado, habría despedido a Gauna y a Facundo Texido para contratar a personal competente. Según el fiscal, Cantaro se presenta como un villano que entregó a Texido como un cordero y dejó ir a Gauna, una teoría absurda”, advirtió.
El abogado también defendió la decisión judicial de no intervenir el teléfono del sobrino del acusado, negando que su pupilo haya intercedido para ello. “Cantaro no tenía idea de lo que estaban haciendo Texido y Gauna San Millán; no conocía a Hernando, Lucanera ni Nogales (supuesto líder y miembros de la banda de los narcochetos). Gauna era una figura secundaria en la consideración de los investigadores”, señaló Alonso.
Asimismo, aseguró que su cliente no se benefició con el fallido emprendimiento de la cervecería sino por el contrario. “Cantaro fue engañado porque ni siquiera lograron vender medio litro de cerveza. Cuando se hablaba de negocio, se refería a la cervecería, no a drogas”, agregó.
Finalmente el abogado intentó refutar la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público al mencionar: “Si a un juez le roban al salir de un cajero automático, no está obligado a denunciarlo porque el hecho no ocurrió durante el ejercicio de sus funciones”.
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