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Por Christian Long

Recurrente falso dilema: bala o neoabolicionismo

Por Christian Long, fiscal.

Ya han pasado varios días, del homicidio en ocasión de robo del comerciante Roberto Sabo, a quien mataron de 4 disparos cuando lo asaltaron en su kiosco de Ramos Mejía.

Este hecho conmovió. Y otro tanto paso hace unos meses con otro homicidio. Y hace unos años con otro. Y hace un lustro con otro. Y hace décadas con otro… y otro… y así se repite la secuencia: conmoción por el homicidio, grandes titulares en los medios de comunicación, marchas multitudinarias exigiendo justicia, solicitud de renuncias a funcionarios, y luego de unos días, silencio abrumador tanto de políticos como de votantes. Hasta el nuevo asesinado. Mientras tanto, las familias de las víctimas en estado de shock ven como sus padres, sus hijos, sus hermanos, se convierten rápidamente en un número más de la estadística.

Las consecuencias jurídico-penales de cada caso son siempre distintas, pero las reacciones políticas y sociales son siempre calcadas.

La policía, dice que tiene las manos atadas y que le faltan recursos. Los jueces expresan que el problema son las leyes. Los que detentan el poder y gobiernan dicen que el problema son los jueces. Y los que están en la oposición gritan a viva voz que ellos tienen la fórmula mágica y lo harían mejor, se extreman y simplifican posiciones (mucho más en tiempo de elecciones), y se expresan falsos dilemas como el que expondré: bala o neoabolicionismo.

La sociedad toda, conoce el término bala. Explicare brevemente que es el neoabolicionismo:

“El neoabolicionismo es una corriente de opinión doctrinaria y judicial que expresa, que las penas no cumplen ningún fin preventivo, es decir que no sirven para combatir o evitar futuros delitos y que las penas son un hecho político irracional que grupos dominantes de la sociedad aplican a las personas vulnerables.

Deslegitiman a las penas y a la ley que la establece, promoviendo un activismo judicial en contra de la aplicación de las penas. De tal forma que estos jueces y doctrinarios se erigen en correctores de la voluntad del legislador, que son ni más ni menos que los representantes legítimos del pueblo. Por ello su posición es antidemocrática e ilegal. Son los que no proponen la derogación del sistema penal porque saben que la ciudadanía no lo toleraría, sino que proponen dejar de lado las leyes que mandan a aplicar penas, sin declararlas inconstitucionales, y argumentando racionalizaciones o pretextos con apariencia de legalidad. Prevarican frecuentemente. O sea, dictan resoluciones contrarias a la ley. Solo en Argentina pasa que un juez resuelva en contra de una ley valida y siga sosteniendo su cargo .

El neoabolisionismo es una posición nefasta para la sociedad, que se infiltra como un virus en el sistema penal para debilitarlo y entorpecerlo, generando desconfianza en el sistema y que, por ello, cada vez haya mas delitos. Porque nada estimula más el delito que la creencia que el sistema penal no funciona. En Argentina Zaffaroni es el propalador de esta corriente.

Ahora bien, la inseguridad es un tema harto complejo donde hay que encontrar un equilibrio entre el respeto a las garantías constitucionales, la prevención y el castigo.

¿Qué debiera hacerse?

Hay que tener muy presente las causas del delito sin criminalizar la pobreza. Hay que producir información de calidad, datos, para fijar objetivos en poblaciones de riesgo y evaluar su efectividad. Hay que contar con buenos presupuestos para adquirir tecnología, sin sobrevalorar los efectos de las cámaras de seguridad o vigilancia. Hay que fortalecer a la policía y al mismo tiempo no dejar pasar la corrupción ni los abusos. Hay que reformar de manera integral esa fábrica de delincuentes denominada servicio penitenciario. Hay que poner énfasis en controlar a las personas que egresan de las cárceles, reeducarlos, resocializarlos, integrarlos a la vida laboral, social y familiar. Hay que mejorar fuertemente el acceso al servicio de justicia de los grupos más débiles o vulnerables, que son los que más sufren la inseguridad. Se debería reformar el sistema de selección y remoción de jueces y fiscales, y además evaluar con modo crítico el sistema recursivo en los procesos penales.

Pues bien, esta pequeña muestra de algunas de las cosas que se debieran hacer  no la resuelve solamente una fuerza política, o en un mandato de gobierno, ni en dos ni en tres, sino que demandan respuestas sostenibles en el tiempo, y esto a su vez exige una cuestión fundamental que el diseño institucional de la Argentina hace casi imposible: la búsqueda de consensos y políticas de estado. Esto hace irrealizables los acuerdos entre personas o grupos que gobiernan en distintos momentos, y por ende las políticas publicas son siempre cortoplacistas y de baja calidad, improvisadas, incoherentes e inestables.

Sería bueno para todos que los dirigentes y los partidos políticos (sobre todo los tradicionales) se reúnan a coordinar esfuerzos para resolver los grandes temas que nos aquejan, entre ellos la inseguridad. Como dijo Albert Einstein: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados”.

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