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INFORME ESPECIAL

Los delitos informáticos se viralizan: las nuevas tecnologías y sus peligros

Las alternativas que ofrecen las herramientas virtuales para avasallar los derechos de las víctimas. Captación de menores con fines sexuales y engaños para cometer millonarias estafas, pican en punta entre las modalidades que más se repiten. La óptica de los especialistas.

Por Leandro Grecco, redacción La Brújula 24
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Históricamente, la tecnología ha contribuido a simplificar y solucionar problemas cotidianos, ayudándonos a sobreponernos a inconvenientes que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos. Es usual que una importante porción de la sociedad haya descubierto estos “atajos” en plena pandemia, evitando trámites presenciales. Claro que para ello, se requiere un cierto entrenamiento, esencialmente basado en la toma de recaudos, producto de los riesgos que están a la orden del día

En contrapartida, también han evolucionado las maneras de delinquir, y son necesarias nuevas leyes para regularlas. La información acerca de la tipificación de los delitos informáticos es escasa y a menudo confusa. Aquello que se conoce usualmente como delito informático no es más que el ejercicio de aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos similares.

El propósito de este informe es desmenuzar un accionar que enmascara a quienes ejecutan el acto ilegal, protegiéndose de sus víctimas al mantenerse prácticamente invisibilizados, poniendo en riesgo no solo el patrimonio de quienes los sufren, sino también la integridad física, al punto de poder perder la vida en manos inescrupulosas.

El grooming como método para captar menores con fines sexuales

Fiscal Rodolfo De Lucía (Foto: Pablo Noir - La Brújula 24)

Por la gravedad del hecho en sí mismo y el involucramiento de menores de edad como blanco perfecto para cometer el ilícito, el grooming es, sin temor a equivocarnos, el delito informático más aberrante que existe. Y el auge de las redes sociales lo ha transformado en una amenaza permanente, al hallar en estas herramientas el vehículo ideal para las más perversas y psicopáticas conductas humanas, donde los menores de edad sucumben a partir de las vulnerabilidades que representan sus cortas edades.

El fiscal Rodolfo De Lucía, a cargo de la UFIJ especializada en la temática, conversó con LA BRÚJULA 24 con relación a la realidad en la que transita el ciberacoso y las medidas tendientes, no solo a condenar a los imputados, sino también a la maratónica tarea por evitar una propagación de esta clase de episodios, tan impactantes como complejos de investigar.

“Los datos estadísticos a nivel nacional vienen indicando un crecimiento en la cantidad de casos de grooming denunciados desde el inicio de la pandemia. En nuestro departamento judicial también se ha advertido un crecimiento, del orden del 15 o 20%”, detalló De Lucía, frente a la consulta con relación al impacto de la cuarentena en este tipo de delitos.

No obstante, al momento de cuantificar la situación, aclaró que “de todas formas, es necesario tener en cuenta que se trata de un fenómeno en el que generalmente se denuncian menos casos que los que realmente ocurren, y por otra parte, actualmente existe una alta visibilización del tema a través de diversas campañas de difusión y concientización. Todo ello dificulta estimar con precisión en qué medida el aumento de denuncias se corresponde con el aumento de casos”.

Luego, el propio agente del Ministerio Público puso principal énfasis en la labor que se realiza sostenida y periódicamente para actualizar los protocolos de acción: “De un tiempo a esta parte se vienen tomando medidas para hacer frente a nuevas modalidades de delitos, así como a los hechos ilícitos que cada vez en mayor cantidad se cometen por medios tecnológicos (telefónos celulares, redes sociales, etc.)”.

Y aseveró que “desde hace algunos años la Fiscalía cuenta con el software UFED, que es uno de los mejores sistemas a nivel mundial para el análisis forense de teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos”, al tiempo que agregó que “también se ha unificado la gestión de los pedidos de información a empresas de telefonía celular y tecnología para agilizar la obtención de datos para las investigaciones”.

En esa misma dirección, De Lucía mencionó que además, “la Procuración General se realizan frecuentemente capacitaciones en diversos temas vinculados a las investigaciones en las que se ve involucrada la tecnología y las redes sociales, y se han formado grupos de discusión e intercambio de información sobre esta temática en los que participan integrantes de Fiscalías de toda la provincia”.

El fiscal fue quien estuvo a cargo de la investigación del femicidio de Micaela Ortega, de 12 años, en el cual Jonathan Luna (26) fue condenado hace tres años a prisión perpetua por el delito de grooming, luego de abusar y matar a la niña, aclaró que “en nuestro departamento judicial no se han registrado casos notables en los que las plataformas para clases virtuales (ante la imposibilidad de poder acudir al aula por la pandemia) hayan supuesto un verdadero riesgo.

El ataque de los psicópatas se oculta detrás del impune anonimato.

“El acceso a la información que se encuentra en poder de las empresas de redes sociales, y que en muchos casos es fundamental para la investigación de delitos, es un problema complejo que afecta a todas las fuerzas y organismos judiciales a nivel mundial, por varios aspectos”, reconoció el funcionario del Poder Judicial.

Y explicó que “se trata de empresas que tienen su sede en el extranjero y están sometidas a la legislación de otros países, y por otra parte no hay normativa o unificada en relación a cuánto tiempo deben conservar las empresas la información, qué datos pueden revelarse sin orden judicial”.

“La cooperación internacional en esta materia es fundamental y ha avanzado, pero sigue resultando un procedimiento lento y laborioso”

“Actualmente varias de las principales empresas tecnológicas colaboran activamente con las agencias de investigación, y varias de ellas han establecido plataformas específicas que agilizan la obtención de información”, enfatizó, aunque admitió que “constantemente surgen nuevas empresas de tecnología que registran información relevante para las investigaciones penales, lo que requiere una permanente búsqueda de canales de comunicación para obtener esos datos.

Una ONG que educa y genera conciencia

Una de las reuniones de la ONG Argentina Cibersegura.

Un invalorable aporte en este sentido es el que realiza la ONG Argentina Cibersegura. Se trata de una organización sin fines de lucro que trabaja para crear un espacio digital seguro a través de actividades de concientización destinadas a distintos públicos de interés.

A nivel nacional y desde el año 2011, vienen promoviendo la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos en materia de navegación segura por Internet brindando charlas educativas en colegios e instituciones, contando con coordinaciones regionales, siendo una de ellas la de Bahía Blanca.

Este diario digital se contactó con la delegación local del ente y ahondó en los desafíos que asumen a diario y las dificultades que supone enarbolar la labor, en tiempos donde la pandemia comprometen aún más las posibilidades de radicar denuncias, meses en los cuales los medios informáticos vieron acrecentado su uso.

El grooming se transformó en la principal amenaza para niños y adolescentes.

“En este tiempo debimos “repensar la forma de intervenir, pero sin perder el foco. Si bien es cierto que es usual que actuemos de manera preventiva, brindando herramientas e información, frecuentemente nos convocan una vez ocurrida la acción y, en ocasiones, cuando ya es tarde y solo sirve para tomar el hecho como ejemplo que permita evitar que se repita. La pandemia no modificó el campo de acción, tanto en lo vinculado con la generación de conciencia frente a la amenaza que supone el grooming, sexting o cyberbullying. Por el contrario, diría que forjo la estructura federal que tiene la organización”, aseveró Lucas Rincón, miembro de la institución que coordina en Bahía Blanca Romina Cavallo.

Con relación a la existencia de una legislación clara y contundente que permita velar por los derechos de quienes sufren ataques desde plataformas virtuales, Rincón sostuvo que “muchas situaciones que hoy se dan en Internet lamentablemente no cuentan con un marco legal; falta mucho por recorrer en ese sentido a nivel mundial y Argentina no es la excepción”.

“Es importante remarcar los grandes pasos se lograron en este sentido como lo es la Ley de Grooming”

“Bahia Blanca está bien posicionada respecto a delitos informaticos. Cuenta con una Fiscalía especializada, una Comisaría de la Mujer que cuenta con formacion y capacitacion para poder tomar y acompañar las denuncias, un observatorio de redes sociales, que si bien es una iniciativa joven se esta afianzando cada vez mas”, destacó. Y concluyó con la siguiente reflexión: “Desde Argentina Cibersegura se promueve el trabajo conjunto de las diferentes instituciones y organismos, aceitando el engranaje para poder dar celeridad a estos temas y una respuesta acorde a la situación.

Estafas virtuales, la “nueva moda” delictiva

Fernando Branciforte es el Director del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y, en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24, analizó el otro ítem que le da vida a este informe, íntimamente vinculado con las estafas en sus múltiples variantes, todas capaces de ocasionar un daño difícil de reparar, no solo desde el punto de vista económico.

“Con el paso del tiempo y la digitalización comenzaron a generarse nuevas modalidades entre las que se destacan el phishing, vishing y smishing, la diferencia entre estas tres es la modalidad, en el primero la víctima recibe un mail que a simple vista es de una entidad oficial donde le informan algún problema en su cuenta o algún premio y le solicitan determinados datos”, puntualizó Branciforte, en una primera aproximación a la temática.

Y detalló que “en cuanto al vishing, la solicitud se realiza por teléfono mientras que en el smishing lo es por mensaje de texto Whatsapp o SMS. Luego la mecánica es idéntica, una vez que la víctima “cayó en la trampa” y envía sus datos, los estafadores ingresan a su cuenta y vacían los montos y hasta, en algunas ocasiones, hasta toman créditos a su nombre”.

Fernando Branciforte.

Sobre medidas concretas para mitigar el avance de los inescrupulosos, el abogado especializado en la materia sostuvo que “el Banco Central de la República Argentina ha establecido y reiterado en su normativa, la imposición a los Bancos de contar con "mecanismos de seguridad informática" que garanticen la confiabilidad de la operatoria”.

“Las diferentes entidades bancarias han desarrollado distintos sistemas de protección conocidos algunos como el llamado Token. Sin embargo, la pregunta que se impone es si estos sistemas son realmente efectivos y la respuesta. Dada la cantidad de estafas que surgen, pareciera que o no son suficientes”, recalcó Branciforte.

En esa misma dirección, consideró que “a la normativa del BCRA debiera agregársele la propia de la Ley de Defensa del Consumidor que establece a todo proveedor (entidad bancaria en este caso) la obligación de informar claramente sus servicios, ello en conjunto con el principio trato digno al cliente”.

“Después de la gran cantidad de estafas que se cometieron, comenzamos a ver a las entidades financieras explicar con mas detalle los peligros que conllevan los sistemas digitales si no se los usa correctamente”, señaló, al tiempo que añadió que “no debiéra recaer en cabeza del usuario, en general vulnerable la responsabilidad por entregar sus claves y datos y perder su dinero. La responsabilidad, también debiera ser de la entidad bancaria por no cumplir con la normativa ordenada”, sentenció.

En concreto, con ejemplos prácticos, apuntó que “hemos visto casos donde el usuario se entera que fue estafado cuando recibe un correo electrónico de la entidad bancaria en el que se confirma la realización de una transferencia de su cuenta. Dicho mail podría ser un sistema previo a la transferencia. Esto no implica que se puedan resolver la totalidad de las estafas, pero sí se trataría de un mecanismo paliativo”.

“Por un lado con los datos que se brindan en las distintas plataformas y redes sociales; ser conscientes de que nuestros datos son nuestra identidad digital y que, por lo tanto, tenemos que protegerlos porque muchas veces, por un posteo determinado, estamos brindado información a un tercero que la puede tomar para estafarnos”, sugirió Branciforte.

“Las recomendaciones apunta a extremar los cuidados. Siempre es mejor desconfiar para no caer en la trampa”

Y puntualizó otro aspecto a considerar: “Es vital estar atento a las comunicaciones que recibimos. La gran mayoría de los mails que se reciben suelen tener faltas de ortografía y provenir de direcciones de mail que no son las oficiales. Lo mismo al ingresar a páginas web: analizarlas en detalle, desconfiar y ante la menor duda comunicarse con el teléfono oficial de la entidad que está supuestamente entregando el crédito o pidiendo los datos y consultar si eso es cierto”.

“Nunca entregar fotos del DNI ni de la tarjeta de crédito, esos datos, esas fotos pueden luego utilizarse en nuestro perjuicio”, cerró, aclarando que es fundamental radicar las denuncias en Fiscalía para sentar precedentes y avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer hechos que se han convertido en moneda corriente para una estadística que preocupa y ocupa a las autoridades.


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