El Gobierno volvió a postergar en el Senado la aprobación del proyecto de propiedad privada

El Gobierno volvió a postergar en el Senado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la desregulación de la venta de tierras rurales a extranjeros. La falta de acuerdo con la UCR y legisladores que responden a gobernadores obligó a Patricia Bullrich a pedir un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, luego del receso invernal.

Fue la cuarta vez que la iniciativa quedó frenada en la Cámara alta. El oficialismo había conseguido el quórum con 37 senadores, pero no reunió los votos necesarios para asegurar la media sanción. Tras la sesión, Bullrich admitió que “le faltaban dos votos” y evitó exponer el proyecto a un posible rechazo del peronismo.

Las diferencias se concentraron en un artículo impulsado por radicales y por la senadora salteña Flavia Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz. La propuesta buscaba permitir que cada provincia estableciera su propio régimen para habilitar operaciones de compraventa de tierras rurales por parte de extranjeros.

Federico Sturzenegger rechazó esa modificación y comunicó su posición el mismo día de la sesión, lo que generó malestar en Bullrich y complicó la negociación con los bloques aliados. Mientras se debatían pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, intentó acercar posiciones, aunque sin éxito.

Ante ese escenario, Bullrich anunció en el recinto: “El punto tres vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto”. De esa manera, el oficialismo evitó que la propuesta volviera a comisión y mantuvo abierto el debate.

El texto también modifica la ley de expropiaciones, elimina límites para la compra extranjera —actualmente fijados en el 15% del territorio nacional— y flexibiliza restricciones sobre terrenos rurales incendiados. Durante la negociación ya habían sido retirados los desalojos exprés, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares y el mecanismo de “silencio administrativo”.

La discusión continuará el 6 de agosto, jornada en la que el Gobierno también buscará tratar la llamada Ley Hojarasca, destinada a derogar o modificar unas 70 normas consideradas obsoletas o redundantes. Sin nuevas concesiones a las provincias, los aliados anticipan que la iniciativa seguirá sin contar con respaldo suficiente.

Con información de Clarín