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La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante tomó la decisión tras la solicitud de Arca. La causa es por la supuesta retención indebida de aportes entre 2024 y 2025.

El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una causa por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social y tributos nacionales. Además, dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados.

Según se informó, Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6. La medida alcanza también al presidente de Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina; a Gustavo Lorenzo; y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.

La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento.

Los períodos bajo investigación abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones vinculadas al IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

De acuerdo con la presentación, las maniobras configurarían “el delito de omisión”, ya que el deber jurídico surge de la condición de agente de retención y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno. La denuncia inicial señaló obligaciones no ingresadas por $7.593.903.512,23, cifra que luego fue ampliada a $11.759.643.331,62. El total investigado supera los $19.300 millones.

ARCA sostuvo que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”, por lo que su falta de ingreso implicaría una “indebida apropiación de caudales públicos”.

El organismo también argumentó que el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo. En ese sentido, indicó que la AFA habría practicado las retenciones y contaba con capacidad financiera para cumplir con las obligaciones.

Tal como señala TN, entre las pruebas ofrecidas se incluyen informes del Banco Credicoop sobre acreditaciones en cuentas de la entidad y la constitución de plazos fijos en pesos y dólares, lo que, según ARCA, demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para efectuar los depósitos correspondientes.

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