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Tras los alegatos

Bobinas Blancas: piden penas de entre 5 y 15 años para los acusados

El fiscal Gabriel González Da Silva solicitó que las mayores condenas recaigan sobre los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva.

Uno de los juicios más importantes ligados al narcotráfico comienza a ingresar en su tramo definitivo. Esta tarde, el fiscal Gabriel González Da Silva solicitó penas de entre 5 y 15 años para los siete acusados en esta causa, en la que se logró secuestrar 2 mil kilos de cocaína embalados en rollos de acero, ocultos en un galpón del Parque Industrial bahiense.

Las máximas condenas fueron solicitadas para los mexicanos Max Rodríguez Córdova, Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva, para quienes pidieron 15 y 14 años respectivamente, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento, agravado por la intervención de tres o más personas.

En tanto, el fiscal consideró al argentino Emanuel García como autor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen ilegal por lo que solicitó una condena de 8 años de prisión.

Por último, para los argentinos Marcelo Rafael Cuello y Amílcar Darío Martino solicitó condenas de 6 años, mientras que para Darío Maximiliano Cuello requirió una pena de 5 años. En estos últimos tres casos, González Da Silva los consideró partícipes secundarios.

Entre otras medidas, el funcionario judicial también solicitó que se decomisen bienes y beneficios que pudieran haber obtenido por el tráfico de los estupefacientes y se congelen las cuentas de los acusados.

Cabe destacar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal es el que tiene a su cargo el debate. Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava son los jueces a cargo del veredicto.

Los alegatos

Las jornadas de alegatos se iniciaron a finales del mes pasado y se extendieron durante varias horas. En su alocución, el fiscal recordó que la causa comenzó en 2017, a partir de un aviso que hizo el departamento de control de drogas de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA), a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), que permitió dilucidar una organización narcocriminal muy sofisticada, integrada por los siete imputados –tres ciudadanos mexicanos y cuatro de nacionalidad argentina-, que recibían financiamiento desde México y que operaban en Argentina a través de la firma “Can Trade Connections”.

En ese sentido, destacó que las órdenes en la organización las ejercían los mexicanos hacia los cuatro argentinos, dos de los cuales eran hermanos que se encargaban de administrarles los galpones donde se guardaba la droga y de proveer el transporte y los traslados a los mexicanos. A su vez, otro de los argentinos colaboraba en la importación de equipos y máquinas para acondicionar los estupefacientes, en el encargo del traslado de la mercadería a Bahía Blanca y en realizar los trámites de exportación de ese material. Mientras que el cuarto argentino se dedicaba al lavado de activos a través de las criptomonedas.

El fiscal describió de forma detallada cómo fue el método empleado por parte de la banda para camuflar los estupefacientes en los envíos que realizaban al exterior, y la meticulosa construcción, que consistía en paquetes rectangulares de cocaína ubicados dentro de las bobinas, adecuadas especialmente para guardar la droga y repeler todo posible método de detección a partir de la construcción de un campo magnético a su alrededor.

En ese sentido, detalló que las estructuras parecían de acero normal, pero que estaban huecas, recubiertas por cintillas y láminas de acero, en las que colocaban los panes de cocaína y una batería entre estos para generar un campo electromagnético, que permitiese saltar los controles durante la exportación de los rollos.

Lavado a través de criptomonedas

Uno de los puntos que abordó el fiscal, al cual destacó por constituirse como un primer antecedente jurisprudencial en la materia, tiene que ver con el lavado de activos en criptomonedas que ejecutaba uno de los imputados de la organización.

Sobre el rol del imputado, el fiscal lo acusó de haber convertido, transferido y de haber colocado en el mercado financiero 468.400 dólares provenientes del tráfico de estupefacientes, desde marzo a junio de 2017. En este aspecto, detalló que el imputado aportó sus conocimientos y su experiencia que tenía en el rubro financiero, conocido como Fintech, para adaptarlo a un plan delictivo narcocriminal.

González Da Silva destacó que las operaciones fueron efectuadas fuera de los canales legales y convencionales para la transferencia bancaria internacional, con el objetivo de evadir la supervisión de los organismos públicos, como el Banco Nación, la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF).  Por último, aclaró que el sistema de transferencias de criptoactivos es legal, pero que su funcionamiento facilita la entrada de activos ilegales, ya que opera por fuera de los controles públicos.

(Fuentes: LB24 y Fiscales.org)


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