El Gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el bloqueo de celulares

El Gobierno nacional amplió a las cárceles provinciales el sistema de bloqueo de teléfonos celulares que hasta ahora regía para establecimientos federales. La medida fue formalizada mediante la Resolución 734/2026 del Enacom y alcanzará únicamente a las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional.

El esquema permitirá inhabilitar dispositivos utilizados dentro de pabellones y sectores de acceso restringido de los penales. Las prestadoras deberán bloquear el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM; y la línea telefónica asociada.

El procedimiento no será automático. Cada intervención deberá ser solicitada expresamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que funcionará como único canal entre las provincias adheridas y las compañías de telefonía móvil. De esta manera, ninguna jurisdicción podrá ordenar por cuenta propia el bloqueo de equipos.

La ampliación surgió luego de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que reclamó una norma específica para incorporar a los establecimientos provinciales al sistema. Esa provincia también impulsó una licitación para adquirir plataformas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.

La resolución establece además que las herramientas tecnológicas deberán configurarse para evitar interferencias fuera del perímetro penitenciario y no afectar a vecinos, comercios o usuarios ajenos a las cárceles. Las empresas tendrán que registrar y conservar las gestiones realizadas, garantizando su integridad y trazabilidad.

Según los fundamentos de la medida, el objetivo es prevenir y neutralizar delitos organizados desde los lugares de detención mediante el uso de teléfonos móviles. El Enacom recordó además que la Ley 24.660 prohíbe este tipo de comunicaciones dentro del sistema penitenciario.

La decisión se conoció meses después de que una jueza ordenara decomisar celulares a cuatro detenidos acusados de integrar la denominada Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados por organizar robos violentos desde sus celdas.

La norma modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para terminales denunciadas por robo, hurto o extravío, incorporando expresamente los dispositivos detectados en establecimientos penitenciarios. El sistema busca sumar una herramienta de control sin recurrir a bloqueos indiscriminados sobre las redes móviles de las zonas cercanas.

Fuente: Infobae