Revelan nuevos y escandalosos casos manipulados por la perito Creimer

La cirujana Virginia Creimer se presenta como experta en aplicar el "Protocolo de Minnesota" (las reglas de la ONU para investigar muertes en las que se sospecha de agentes estatales) y en detectar el “modus operandi” de cada fuerza para matar. Su voz colonizó los casos de presunta violencia institucional durante los últimos 20 años, primero como perito de la Procuración bonaerense y la Procuración General de la Nación, y después como jefa de la “Consultora Pericial de Ciencias Forenses SRL”.

Una investigación de la periodista Josefina López Mackenzie para el Diario Clarín, analiza diez muertes, ocurridas en comisarías, patrulleros y otros lugares, pero luego de que la víctima tuviera contacto con la Policía, y en ellas se muestran que las pericias de Creimer se utilizan para sostener las más pesadas carátulas: desaparición forzada, torturas y homicidio, cuando no hay pruebas que las sustenten. El repaso sobre esas causas confirma que las pericias acumulan críticas por falta de rigor científico y denuncias penales.

Muertes en la calle

Héctor Brian Sotelo, de 16 años, había robado un auto con su dueño al volante y lo tenía apuntado con un revólver cargado. Dos efectivos de la “Policía Buenos Aires 2” los interceptaron y redujeron a Sotelo. En la acción le pegaron un culatazo y una patada en el pecho; el chico cayó y murió. La ambulancia tardó más de dos horas en socorrerlo.

La causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar, pero la discusión, que lleva 17 años, es si el trombo tuvo origen natural o violento.

La autopsia describió un corazón que no funcionaba bien; el forense comparó el caso con los que ocurren a los jugadores de fútbol que se desploman súbitamente en la cancha. Pero ese médico pertenecía a la Policía Científica y se ordenó una reautopsia. Allí la médica Emma Virginia Creimer determinó una muerte “claramente traumática”: el trombo surgía de una golpiza brutal en todo el cuerpo: tórax, espalda, cuello y cabeza, y un probable ahorcamiento con la técnica de artes marciales “mataleón”, que produce desmayo y muerte en minutos.

El hecho se juzgó dos veces en San Martín. En 2017, por “apremios ilegales y homicidio preterintencional”, juicio que fue anulado. Y en 2025, por “homicidio agravado y apremios ilegales”, que terminó con condena a prisión perpetua para el teniente Fabián Ramos.

La condena se apoyó en los dichos de Creimer. Los jueces dieron por probada la golpiza por su dictamen. Ya en el primer juicio, el juez Gustavo Garibaldi había sostenido que ella “permitió reconstruir con rigurosidad” el hecho.

Los vecinos que vieron parte de la detención nunca mencionaron esos golpes, sino dos puntapiés. El anatomopatólogo Miguel Unzién dijo algo llamativo: que el corazón que le enviaron para peritar le había llegado sin la aurícula derecha, y que un órgano incompleto impedía analizar si se trató de violencia, o si hubo estrés u otros factores.

Para el defensor del teniente Ramos, Emmanuel Ferrares, “es un peligro jurídico que se condene con una sola pericia de parte”. En un recurso que presentó ante Casación Penal bonaerense pidió reemplazar la pericia de Creimer por “peritos imparciales”. Argumentó que la mujer tiene “múltiples denuncias penales” y es quien involucró al médico Pablo Ghisoni en una falsa denuncia de abuso sexual.

Muertes en patrulleros

Gastón Duffau murió en 2008 mientras seis policías lo trasladaban a un hospital. Tres de ellos cumplen hoy condena a perpetua, dos se fugaron y uno se suicidó en prisión.

El caso empezó en un local de Mc Donald’s en Ramos Mejía al que Duffau entró descontrolado y vulnerable. Un vigilador privado lo redujo con forcejeos y conteniéndolo con una rodilla en el cuello. Tras el pedido de auxilio, la Policía lo traslado en un móvil hasta una comisaría cercana. Allí, después de pedir tres veces una ambulancia, lo pasaron a la caja de una camioneta y partieron hacia el hospital Luis Güemes. Viajó en la peor posición, boca abajo, esposado y atado en los pies. Los policías tomaron a contramano para ahorrar diez cuadras y tardaron menos de cuatro minutos en el recorrido. Pero Duffau llegó muerto.

Las diferentes lesiones hicieron que la discusión se centrara en cuándo había sufrido las más graves, como una en la cervical con daño medular. Creimer, en ese momento perito de la Procuración bonaerense, fue la única que ubicó las lesiones en los cinco minutos previos a la muerte. Para los otros peritos afirmar eso era peligroso porque no tenían la tecnología necesaria y las lesiones databan de entre media hora y cuatro horas antes de la muerte. Es decir, en el McDonald’s.

La trama de lo ocurrido en el local nunca se investigó. Los policías del traslado fueron juzgados por torturas seguidas de muerte en dos tribunales distintos de La Matanza (2009 y 2013), y resultaron absueltos. El juez Nicolás Grappasonno opinó que no debía creerse en una perito contra otros cinco, que asistir a un herido no se condecía con torturarlo, y que no haber investigado el rol del vigilador del local impedía descubrir la verdad. El fallo de 2013 ordenó investigar a Creimer por falso testimonio.

Años después, dos salas de Casación revisaron el caso y dictaron las condenas a perpetua. Criticaron a los primeros jueces por “mostrar a los acusados como fieles servidores de la ley”, y creer más en los peritos de la Policía que en los de la Procuración. Dieron por probadas las torturas en el patrullero. Aunque nunca hubo acuerdo sobre la causa de muerte ni el momento de las lesiones, la voz de Creimer inclinó la balanza.

El juez Ricardo Borinsky describió así a quienes trasladaron a Duffau a la guardia del hospital: “uno conducía a una velocidad tal que permitiera torturarlo" y “otro se encargó de guiar el camino, intentando la impunidad del grupo criminal”.

El policía Mauro Ponti dice hoy desde la cárcel: “¿Cómo lo vamos a torturar yendo al hospital con balizas y sirenas? Hicimos el trayecto más rápido para intentar salvarle la vida, como hubiera hecho cualquiera. Nunca buscaron la verdad. ¿A quién van a culpar, a una multinacional o a unos vigi del Conurbano?”.

Ponti tenía 23 años aquella noche, estaba de imaginaria en un calabozo, era grande físicamente y lo sumaron a un traslado que para él fue humanitario y para algunos jueces un caso testigo de tratos crueles.

Sebastián Ponce de León murió en 2019 en un hospital de Chaco al que llegó en patrullero, detenido luego de una denuncia por supuesta violencia de género. Según la autopsia, falleció por una falla multiorgánica vinculada a sus condiciones de vida y salud.

El caso, impulsado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) con la hipótesis de torturas seguidas de muerte, se discutió a través de una reautopsia.

Virginia Creimer fue contratada como perito de la familia y llegó a la provincia presentada por el Estado como una prestigiosa forense. En la reautopsia ligó la muerte a una golpiza sufrida en el patrullero, incluida una tortura con palazos en las plantas de los pies.

Pero en 2023 un jurado popular llegó a la conclusión de que la víctima había sido golpeada por dos mujeres y un hombre antes de que llegara la Policía, y declaró inocentes a tres de los agentes.

Ese juicio dejó dos datos llamativos. El primero, que Creimer no tenía habilitación para trabajar en Chaco (fue denunciada por “usurpación de títulos y honores”) aunque esa provincia la contrataba seguido. Y el segundo, que la familia de la víctima, rodeada por el aparato estatal antes de que se supiera si era un caso de violencia institucional, había demandado a la provincia por daños y perjuicios por $977.630.000, según reveló la defensora Olga Mongelos.

Leandro Bravo, otro joven chaqueño, llegó muerto al hospital en un patrullero en 2022. La causa fue un infarto derivado de malas condiciones de vida y salud, según la autopsia, que firmó el perito de la familia. No tenía signos de golpes sino de infecciones graves, y para profundizar los estudios se le extirpó un riñón.

La familia cambió de perito, asumió Creimer y se ordenó una reautopsia en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la Justicia chaqueña. El dictamen preliminar de la médica platense dio vuelta el caso: sostuvo que el informe de la autopsia era falso, porque el cuerpo conservaba los dos riñones sanos, entonces se descartaba una infección.

Sin embargo, según la denuncia penal a la que accedió Clarín, el informe falso habría sido el de Creimer. Los defensores Juan José Bogado y César Collado la denunciaron por “falso testimonio, estafa y defraudación procesal por ardid y/o engaño, en perjuicio de los imputados y del Poder Judicial del Chaco”.

Detallaron que la reautopsia fue el eje de una doble maniobra ilegal: informar que el cuerpo tenía los riñones sanos, y hacer desaparecer de la fiscalía de Derechos Humanos las fotos de los riñones tomadas durante la autopsia original. Si las infecciones desaparecían como hipótesis podía imponerse el relato de las torturas.

Durante el juicio reaparecieron las fotos robadas y cuatro policías fueron absueltos, pero pasaron 25 meses presos en una comisaría. También hablaron los forenses chaqueños. Contaron que Creimer manejó el bisturí, “cortó el cadáver como tiras de asado”, identificó como riñón sano al bazo, y desdeñó por “chaqueños” a quienes la corregían. Lejos de un error, ese cambio de órganos servía para descartar la infección renal en el fallecido.

Por el dictamen de Creimer, el CPTCh acusó de encubrimiento y de poner en riesgo a una investigación sensible al forense de la autopsia. Sin embargo, cuando se supo quién había falseado la causa de muerte, el organismo y el Procurador del Chaco olvidaron la denuncia. El poder político tapó todo. El fiscal Gustavo Valero archivó las denuncias contra Creimer sin producir prueba, admitir querellantes ni notificar a los policías, víctimas de la falsa acusación de torturas.

Muertes en calabozos

En la provincia de Buenos Aires, Creimer actuó en diferentes causas impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que cumple el rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Su trabajo fue impugnar pericias que hablaban de suicidios o muertes naturales.

En 2014, Michel Suárez, apodado “Noa”, se suicidó en una comisaría de Necochea ahorcándose con los cordones que omitieron quitarle al alojarlo. Impulsado por agrupaciones políticas el hecho se transformó en un juicio por torturas seguidas de muerte, en contra de la postura del fiscal de instrucción, Walter Pierrestegui, que había descartado un crimen.

Virginia Creimer viajó a Necochea para el debate oral y aseguró que “de ningún modo” podía ser un suicidio e impugnó la autopsia basándose en las fotos. Fue la única de los cuatro peritos del caso que apuntó a un crimen, pero el tribunal le creyó y condenó a tres policías a prisión perpetua. La Sala V del Tribunal de Casación bonaerense revocó el mes pasado esa condena. Hasta entonces, tres hombres habían pasado 659 días presos.

El caso de Daiana Abregú, ocurrido en 2022, es similar. La mujer se quitó la vida en una celda de la estación policial de la ciudad de Laprida. La conclusión del suicidio surge de tres equipos de peritos que descartaron la participación de terceros: la Asesoría Pericial de Azul, la Policía Federal y el Cuerpo Médico Forense de la Corte de Justicia de la Nación. Con esos dictámenes, la jueza Fabiana San Román sobreseyó a cinco policías que estaban acusados de un homicidio triplemente agravado.

La fiscalía estuvo de acuerdo. Sin embargo, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, representantes de la CPM; y Romina Merino, del Ministerio de Justicia bonaerense, se opusieron a los sobreseimientos. La jueza, en un párrafo de su resolución, les respondió: “Con respecto a la impunidad a la que se hace referencia, entiendo procedente observar que el objeto de la investigación penal preparatoria es la búsqueda de la verdad objetiva, y no la de un culpable”.

En medio del ida y vuelta procesal hubo una reautopsia en la Asesoría Pericial de La Plata, con Creimer como perito de parte. Esa prueba apuntó a demostrar un homicidio y determinó el encarcelamiento temporal de los policías. El defensor Rubén Adrián Fernández denunció en el fuero penal y ante la Suprema Corte bonaerense que los autores de ese dictamen “callaron intencionalmente información científica” para “perjudicar a inocentes”. El fiscal Álvaro Garganta archivó la denuncia sin investigarla.

Alejandro Martínez murió en un calabozo de San Clemente del Tuyú en 2021 y varios policías fueron acusados de asesinar con alevosía y ensañamiento a un detenido con padecimiento mental.

El caso empezó en el hotel Fontainebleu. Un huésped, que sufría alucinaciones, gritaba y destrozaba las instalaciones, por lo que activaron el botón antipánico. A las 00:25, un grupo de policías se llevó aprehendido a Martínez. Pidieron apoyo al hospital, pero les respondieron que lo recibirían a la mañana siguiente. Según la versión policial, el detenido quedó acostado en un colchón sobre el piso, boca abajo, y balbuceó hasta quedarse callado.

Al otro día, Martínez apareció muerto y con muchas lesiones, incluida una fractura costal. La discusión se centró, otra vez, en cuándo las había sufrido: ¿después de las 00:25 o antes? Según Creimer, padeció una violencia brutal asociada a borceguíes y tonfas (los bastones utilizados por los policías). Según peritos de la Policía Federal, murió sin intervención de terceros, por una asfixia postural (por compresión torácico-abdominal), y no corresponde excluir la virulenta previa en el hotel.

Allí Martínez se había arrastrado, golpeado contra muebles, arrancado los grifos y dejado rastros de sangre en la habitación, pese a que la escena fue limpiada con rapidez.

Mercedes Gómez, la madre del oficial José Pereyra, preso desde hace cuatro años esperando este juicio, dice: “Nos están quemando en un infierno aunque las pruebas muestran que son inocentes”.

Desapariciones y cuerpos en los ríos

En 2014, el cuerpo de Franco Casco, que tres semanas antes había estado detenido en una comisaría de Rosario, apareció en el río Paraná. El caso dividió a la ciudad. La Multisectorial contra la Violencia Institucional cantaba “Se sabía/ a Franco lo mató la Policía”, mientras los policías acusados decían que lo habían liberado por orden judicial y que no sabían qué había pasado después.

Creimer fue perito de parte de la Procuración nacional. Al principio adhirió a la autopsia, que no pudo determinar la causa de la muerte. Pero en el juicio por torturas y desaparición forzada seguida de muerte, y fruto de un “análisis holístico”, presentó una teoría distinta, que sustentó la acusación fiscal: golpes, ahorcamiento con la toma "mataleón" y descarte en el río con un peso añadido para hundirlo.

El tribunal no creyó en Creimer ni encontró pruebas del crimen. Consideró informes del Cuerpo Médico Forense de la Corte y de una junta médica local. Escuchó a Manuel Garrido, de la ONG Innocence Project, convocado por las defensas. Y absolvió a los policías y a un vecino que estaba acusado de encubrirlos.

Dos jueces desacreditaron a Creimer por “abstracciones y afirmaciones sin respaldo, y alejadas de su experticia”. Había ocurrido que, mientras se discutía sobre células y algas para determinar si la víctima se había ahogado, ella teorizaba sobre “sujetes vulnerades por ser jóvenes y no tener tez blanca”, y sobre el Paraná como un “mecanismo antiforense” ideal para ocultar cuerpos. Frente a las críticas y preguntas, dijo que ella en realidad se regía por “el Protocolo Creimer”.

El juez Omar Paulucci votó en disidencia, a favor de las perpetuas, y elogió a Creimer por dar “una visión holística e integral”. Luego, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en revisión el caso.

Diego Álvarez, el comisario que detuvo a Casco, pasó seis años preso: “Creimer contribuyó con un informe falso a nuestro encarcelamiento. Hasta que la absolución esté firme, mi carrera quedó en suspenso. Estoy empezando una empresa de servicios generales: herrería, electricidad, pintura”, dice. Su hermano Hugo creó "Inocente Colectivo", una asociación de espíritu idéntico a "Innocence Project", y escribió un libro sobre los agujeros en las etapas de instrucción de las investigaciones: todo lo que podría explicar qué pasó realmente con Casco.

En 2020, Carlos “Bocacha” Orellano apareció muerto en el Paraná. Días antes había tenido una pelea con custodios y policías a la salida de un boliche de la costanera rosarina.

La autopsia no halló signos de una muerte violenta y Creimer adhirió. Pero una vez afuera de la morgue, presentó una teoría de golpes, otra vez la toma "mataleón" y descarte del cuerpo en el río. La misma que arriesgó en varios casos de Rosario, y que al menos por ahora no se comprobó. La médica agitó la nueva versión entre familiares, militantes, periodistas y diputados, e insinuó que los forenses que no coincidían encubrían a la Policía.

Este tribunal tampoco le creyó. La sentencia afirmó que Bocacha se ahogó tras tirarse al agua para zafar de sus agresores, y que éstos (dos policías y un custodio) no tuvieron la intención de matarlo, pero demoraron en reportar el hecho y falsearon un acta. Aunque fueron condenados por estos delitos, la familia quedó decepcionada: los habían embarcado en otro tipo de reclamo.

Al votar, el juez José Luis Suárez dijo que las “afirmaciones concluyentes y desacertadas, sin elementos serios y válidos” de Creimer conmocionaron a la sociedad y “podrían haber llevado a error a los jueces”. La llamó “irresponsable”.

En 2020, Facundo Astudillo apareció muerto en un cangrejal de Villarino Viejo, en el estuario de Bahía Blanca. Tres meses y medio antes, cuando intentaba viajar a dedo desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca, lo habían detenido por violar la cuarentena.

Creimer actuó para dos querellas de este caso que denunciaban una desaparición forzada: la CPM y un grupo formado por los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, el adiestrador canino Marcos Herrero y una vidente. En La Brújula 24 también se desarrolló el "trabajo" de esta médica y puede verse aquí: Caso Facundo: asoma una nueva "actuación estelar" y Virginia Creimer y un entramado cada vez más inquietante en la causa Astudillo.

Según la autopsia, Astudillo murió ahogado y no sufrió torturas. Pero Creimer intentó todo para vincular el caso con la teoría deseada. Ignoró las fojas que hablaban de la depresión de Facundo, criticó a los peritos con los que había compartido la autopsia y pidió revisar un calabozo donde dijo “hallar” un objeto. Era una mentira, como todos los amuletos, pelos y huesos “hallados” que se anunciaron intencionadamente a los medios.

La causa sigue abierta, tiene tres fiscales federales a disposición, y los funcionarios policiales que pararon a Astudillo o lo trasladaron a dedo entre pueblos y sufrieron el escarnio, siguen “sindicados” al expediente.

Mientras tanto, los delitos cometidos en el afán de calificar el caso como un crimen de la Bonaerense, le valieron una condena a Marcos Herrero por falso testimonio agravado. Pero el fiscal federal de ese juicio, Gabriel González Da Silva, pidió que se investigue a Creimer. Sospecha que fue cómplice.

El sistema

La médica Virginia Creimer repite un patrón en todos los casos. Insinúa que los demás peritos ignoran el Protocolo de Minnesota o encubren a la Policía. Dice encontrar decenas de lesiones y marcas defensivas que otros no detectaron. Asegura que se produjeron en los minutos en que la víctima estuvo en custodia policial, y que son compatibles con borceguíes, tonfas y ahorcamientos. Todo se explica como parte de un modus operandi policial para asesinar civiles.

Alejandro Incháurregui, investigador especializado en la Policía Bonaerense y ex miembro fundador del EAAF, descree de que algo así pueda pasar. “Durante décadas, y especialmente entre 1976 y 1983, torturar y matar detenidos fue una práctica habitual en la policía de la provincia de Buenos Aires. Los jueces provinciales conocían esas prácticas pero voluntariamente, salvo excepciones, evitaban indagar. Hoy, con tantos controles de la sociedad civil sobre las policías, este tipo de práctica de manera generalizada no es posible”.

“Al contrario –agrega Incháurregui–. Con el lastre de semejante historia, condenar a los trabajadores de la seguridad resulta más fácil que demostrar hipótesis que se afirman sin demasiados fundamentos científicos”.

Durante los juicios, Creimer acompaña sus relatos con teatralizaciones: patea un pizarrón o le rodea el cuello a un voluntario con el antebrazo (la toma "mataleón"). Pero cada vez que un defensor le pregunta si la maniobra se aplica al caso que están discutiendo, admite que sólo es una especulación.

Otra de sus estrategias es la lectura extensa de sus títulos académicos, cargos y premios, con los que influye a los jueces. En las sentencias recopiladas, los magistrados que condenan apoyados en sus pericias exaltan “su presencia en la escena”, su “reconocida y vasta trayectoria”, su “diversidad de credenciales”, o su “velada resignación porque otros peritos no aplican bien el Protocolo de Minnesota”.

Rodrigo Mazzuchini, penalista rosarino que estudió el rol de Creimer en varios juicios, opina que “ella le da la posibilidad al juez de obviar todo el respaldo científico y el trabajo de los peritos oficiales. Parece ser una cobertura”.

En todos los casos examinados hay sospechosos que quedan fuera de la mira, ambulancias que no llegan y dispositivos de salud mental que no existen. Pero la persecución penal recae sólo en los policías.

Como complemento, las denuncias a Creimer siempre se archivan, las órdenes de investigarla nunca se ejecutan y las pancartas de las familias de los condenados por sus pericias son rechazadas como “un ataque de la derecha ”. Así sobrevive el Protocolo Creimer, una suerte de estafa académica con buena prensa, montada en inocentes con mala prensa.

Fuente: LB24 / Clarín