Los kioscos quedaron en la mira del Gobierno por la venta de cigarrillos

ARCA implementó una “notificación sistémica” enviada a todos los kioscos del país para que informen los precios de venta de cada marca de cigarrillos. Esta medida busca detectar evasión tributaria, ya que la Ley de Impuestos Internos establece un gravamen del 73% sobre el precio de venta al consumidor. Las tabacaleras deben informar ese precio al fisco, y cuanto mayor sea, más impuestos pagan. Sin embargo, si declaran precios más bajos a los reales, pagan menos.

La ley también prohíbe que los kioscos eleven el precio informado, aunque en la práctica hay diferencias notables. Por ejemplo, un paquete de 20 cigarrillos puede costar $4.200 en una estación de servicio y hasta $5.000 en un kiosco, un 19% más. En un relevamiento oficial, se halló que los precios informados por los fabricantes presentan en promedio una diferencia del 114,5% con los precios pagados por los consumidores en 19 productos analizados.

El fisco baraja dos hipótesis: que los kioscos vendan por encima del valor declarado, quedándose con una ganancia libre de impuestos, o que las tabacaleras subdeclaren sus precios, especialmente las empresas más pequeñas, buscando pagar menos tributos. Según datos del Ministerio de Economía, el 65,4% del mercado lo concentran grandes empresas como Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT), mientras que el 34,5% pertenece a pymes.

La normativa permite que ARCA intervenga si detecta que el precio reportado por la tabacalera está al menos un 20% por debajo del precio real de mercado. Para verificarlo, los consumidores pueden usar la app “Verificar”, que escanea las estampillas de los paquetes emitidas por la Casa de Moneda, revelando si el precio pagado coincide con el declarado.

Tabacalera Sarandí, liderada por Pablo Otero, defendió a las pequeñas empresas y responsabilizó a los kiosqueros por los sobreprecios. A su vez, acusó a los medios y legisladores de favorecer a las multinacionales. Mientras tanto, ARCA continúa su relevamiento, y el resultado dependerá de si se confirma una “subdeclaración” por parte de las tabacaleras o una sobreventa por parte de los comercios.

Fuente: La Nación