Obra pública: cómo es el modelo “a la chilena” que propone Javier Milei

El presidente electo, Javier Milei, reiteró su preferencia por el modelo de obras de infraestructura de Chile, respaldado en el sistema de obra público-privada. Dicho enfoque, intentado por Mauricio Macri en 2018, conlleva tanto oportunidades como desafíos para Argentina, en especial considerando que actualmente más de 250.000 trabajadores dependen directamente de la obra pública.

En línea con su campaña, Milei destacó la necesidad de reducir la obra pública a cero, licitando los proyectos en curso y transitando hacia una iniciativa privada siguiendo el ejemplo chileno. El modelo de Participación Público Privada -PPP- al que hace alusión implica que el Estado concede a los empresarios la responsabilidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones.

Como explica el economista especializado Genaro Grasso, “el sistema PPP varía de proyecto a proyecto”, siendo una respuesta cuando los Estados carecen de fondos o financiamiento. Pero es crucial señalar que, según el Ministerio de Obras Públicas de Chile, el gobierno mantiene el 4.1% del PBI en inversiones de infraestructura bajo su control, desmintiendo la noción de una completa externalización.

Milei argumenta que solo el sector privado debe ejecutar las obras, justificando que si no son rentables para el mercado, no son socialmente deseables. No obstante, surge la interrogante sobre el destino de obras guiadas por la necesidad más que por la rentabilidad, planteando desafíos en términos de equidad y accesibilidad.

El ex candidato a presidente de Chile, Marco Enríquez Ominami, reconoce que el modelo PPP ha tenido un desempeño regular en su país, pero advierte sobre posibles sobreprecios que los usuarios podrían enfrentar. En sus palabras, “deja al privado ‘cobrar lo que quiera'”, recordando experiencias previas donde los usuarios chilenos se endeudaron significativamente debido a tarifas de peaje elevadas.

Ominami destaca dos preocupaciones fundamentales. Primero, la capacidad limitada del Estado para tomar decisiones democráticas y políticas, señalando que la selección de proyectos bajo este modelo puede carecer de transparencia. Segundo, las renegociaciones frecuentes de contratos debido a la desactualización y la necesidad de que el Estado respalde financieramente las obras ejecutadas mediante subsidios.

A pesar de reconocer que la infraestructura chilena requirió inversión estatal, Ominami advierte sobre los riesgos y desafíos asociados con el modelo PPP, especialmente en una economía como la argentina, caracterizada por su fragilidad económica.

En la experiencia argentina, los contratos de obras de corredores viales bajo el sistema PPP fueron rescindidos en 2020, ya que las concesionarias no pudieron obtener el financiamiento necesario. Diversas instituciones internacionales también han señalado deficiencias y limitaciones en el uso de este modelo. En resumen, la adopción del modelo de obra público-privada presenta tanto oportunidades como riesgos para Argentina, y su implementación requerirá un cuidadoso equilibrio entre la inversión privada y la supervisión estatal.

Con información de Ámbito.com