El Gobierno limitó la aplicación de la Ley de Teletrabajo

Por medio de la Resolución 142/2001, la cartera que dirige Claudio Moroni sostuvo que las tareas que los trabajadores realizan en su domicilio debido a las restricciones impuestas por el empleador o por la emergencia sanitaria (grupos de riesgo como embarazadas, mayores de 60 años o con ciertas enfermedades) a fin de disminuir los riesgos de contagio del Covid-19, no implican la elección de la modalidad de teletrabajo, que debe ser voluntaria y reversible.

Esto quiere decir que la situación de los empleados que no volvieron a sus puestos habituales no podrá encuadrarse en el principio de “voluntariedad” establecido en la norma, y por eso recién podrán acogerse a los beneficios de la ley cuando finalicen las restricciones del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El traslado del lugar de trabajo a la modalidad home office debe ser voluntario y prestado por escrito y puede ser revocado en cualquier momento de la relación laboral.

La CTA se opuso a esta nueva reglamentación y la definió como “una concesión al empresariado” porque aseguraron que los empleadores no iban a tener que pagar los gastos ni cumplir los puntos que prevé el régimen de teletrabajo.

Moroni resaltó que “todo el resto de la ley entra en vigencia el 1 de abril: los derechos de los trabajadores a ser compensados en sus gastos, a la desconexión digital, interrumpir el trabajo si tienen alguien a su cuidado. Entra en vigencia pero la situación es provisional. Mientras esté la pandemia, todos esos derechos aplican pero no tiene un derecho definitivo a quedarse teletrabajando en la casa”.

Fuente: Clarín