Un fallo reaviva las solicitudes de ciudadanía de miles de argentinos

Miles de argentinos descendientes de italianos, que habían visto truncado su acceso a la ciudadanía por una reforma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, recuperaron las esperanzas tras un reciente fallo de la Corte Constitucional de Italia. La sentencia 142, emitida el 31 de julio de 2025, reafirma el principio del derecho de sangre (ius sanguinis) como base suficiente para obtener la ciudadanía italiana, sin necesidad de cumplir requisitos adicionales como residencia o vínculo sociocultural con Italia.

La abogada Antonella Nediani, especialista en ciudadanía italiana, explicó que esta resolución representa un punto de inflexión. “Los procesos judiciales pendientes no podrán ser rechazados en base a criterios de residencia o generaciones; además, quienes cuenten con documentación que acredite la línea de descendencia tendrán resolución favorable con plena seguridad jurídica”, sostuvo.

El fallo surgió a raíz de pedidos de cuatro tribunales italianos —Bolonia, Milán, Florencia y Roma— que solicitaron a la Corte que revise el artículo 1 de la Ley 91/1992, en el marco del nuevo Decreto-Ley 36/2025 y su ley de conversión 74/2025, que impusieron restricciones al reconocimiento de la ciudadanía. La Corte, sin declarar inconstitucional la norma, dejó en claro que limitar el derecho a la ciudadanía a los nacidos en el extranjero resulta incompatible con la esencia del ius sanguinis.

El presidente Sergio Mattarella también dio señales de respaldo al reclamo de los descendientes. En una reciente Asamblea del Consejo General de Italianos en el Extranjero, destacó el rol fundamental de las comunidades fuera de la península y calificó como “digno de reflexión” el debate generado por la nueva ley.

“La recomendación jurídica es clara: iniciar los juicios de reconocimiento e inconstitucionalidad sin dilaciones”, indicó Nediani, subrayando que la sentencia ofrece una plataforma firme para impugnar las nuevas restricciones. En esa línea, la abogada Graciela Cerulli agregó: “Todos los que presentaron la demanda antes del decreto pueden quedarse tranquilos. Los que no, pueden litigar por falta de turno o por inconstitucionalidad”.

El abogado italiano Marco Mellone sostuvo que la batalla legal aún no terminó: “Serán clave los próximos fallos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Casación y las Secciones Unidas, que definirán si la nueva ley debe aplicarse a juicios iniciados antes del 28 de marzo de 2025”.

Las próximas audiencias, previstas para septiembre y octubre, podrían sentar jurisprudencia decisiva para quienes siguen en la lucha por obtener un derecho que, aseguran, les corresponde por historia y sangre.

Con información de La Nación