La Ley de Glaciares será debatida en Bahía Blanca con referentes ambientales

Bahía Blanca será sede este martes de un conversatorio sobre la Ley de Glaciares, en el marco de una serie de encuentros que se realizan en distintas ciudades del país tras la aprobación de una reforma que organizaciones ambientales consideran regresiva para la protección de los glaciares y ambientes periglaciares.

La actividad se desarrollará desde las 18 en la Asociación Bernardino Rivadavia Biblioteca Popular, ubicada en avenida Colón 31, y tendrá como eje los “desafíos, resistencias y estrategias” frente a los cambios introducidos en la normativa.

Participarán Lucas Micheloud, de CAJE; Agostina Rossi Serra, bióloga y vocera de Greenpeace Argentina; Cristian Fernández, de FARN; María Laura Langhoff, doctora en Geografía; y Montserrat Gayone, coordinadora de Socioambiental Blanca.

“El conversatorio forma parte de una serie de encuentros que se vienen realizando en distintas partes del país desde que se aprobó la reforma regresiva de la Ley de Glaciares”, explicó Rossi Serra en conversación con La Brújula 24.

Según indicó la representante de Greenpeace, estos espacios surgieron a partir de “una preocupación muy fuerte desde distintos sectores de la sociedad por las consecuencias que puede tener sobre la protección del agua la reforma”.

En ese sentido, señaló que Bahía Blanca fue elegida como una de las sedes porque existe “una comunidad muy movilizada e interesada en estos temas”, especialmente en un contexto en el que los eventos extremos “vienen mostrando con mucha claridad la importancia de proteger nuestros recursos naturales estratégicos”.

Durante el encuentro se abordará qué aspectos fueron modificados por la reforma y por qué las organizaciones ambientales sostienen que representa un retroceso. Uno de los puntos centrales será el impacto sobre la protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

La vocera de Greenpeace agregó que también se analizarán posibles consecuencias concretas de la modificación, entre ellas “un mayor avance de actividades extractivas en zonas que antes estaban protegidas, menos herramientas de protección y mayores riesgos para sistemas hídricos que son fundamentales para millones de personas”.