Nuevo IVA: qué reforma planea el Gobierno para el impuesto y su impacto en las provincias

El Gobierno preparar una modificación de raíz en la relación tributaria que tiene la Nación con las provincias y buscará un cambio en el formato con el que se determina un impuesto central del sistema impositivo como es el IVA. Para eso, el equipo económico tiene avanzado y en etapa de cierre un proyecto de ley de reforma integral que pondrá a discusión en el Congreso, posiblemente después de las elecciones legislativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que ese cambio en el IVA incluirá una alícuota de base que corresponderá a la tajada de reparto primario de coparticipación que se llevará el fisco nacional, que sería de 9%, y que luego las provincias deberán determinar qué alícuota “adicional” necesitará cada una según su estructura de gasto público, así en algunas podría quedar en el 21% actual o ser menor.

La modificación es importante y requerirá el visto bueno del Congreso porque modificaría de cuajo una parte relevante del entramado tributario vigente. Es por eso que se trata de un cambio que estará integrado a un proyecto más amplio que abarcará otros impuestos. El impuesto al cheque (1,2% sobre transferencias bancarias) está en la mira para darle una fecha cierta de finalización, que podría ser el fin de este año.

En la Casa Rosada entienden que sería difícil plantear un intento nuevo de pacto fiscal con los gobernadores como intentaron gobiernos anteriores en los últimos años para acordar un sendero de caída de la presión impositiva. La Nación, por definición, no tiene potestad para obligar a ninguna provincia a bajar Ingresos Brutos ni ningún otro tributo que dependa de los fiscos provinciales.

De todas formas ya tomó alguna medida relacionada a ese tipo de impuestos y creó un portal unificado tributario para que las empresas puedan tener acceso a todas las jurisdicciones en un mismo sitio y de esa forma evitar que haya distintos esquemas diferenciados de cobro de percepciones en cada provincia. Es un problema habitual para empresas que tienen actividad en distintas gobernaciones, con sus propios esquemas de retenciones o alícuotas de Ingresos Brutos.

Fuente: Infobae