La jueza en lo Correccional y Criminal Susana González La Riva resolvió absolver de culpa y cargo al acusado de amenazar e intimidar a Germán Sasso y a otros periodistas de LA BRUJULA 24.

En un polémico fallo, la magistrada sostuvo que no constituyen delito frases tales como “la calle está jodida y todos tenemos familia”, “la cortan con el tema o se las van a ver negra” o “tienen que tener cuidado a quien denuncian”.

Las manifestaciones, vertidas de manera anónima y reiterada, fueron realizadas por Pablo Javier Herold desde un teléfono con un chip adquirido especialmente para realizar las llamadas, es decir que utilizó un número distinto al suyo para llevar a cabo la maniobra.

En su declaración durante el juicio, Herold dijo que todo había sido una “broma de mal gusto”.

Para González La Riva los dichos del procesado “no reúnen los requisitos del anuncio de un mal serio e idóneo” y agrega, como elemento desincriminador, que el propio Herold dice en su comunicación que “no es una amenaza, sino una advertencia”.

Además, según interpreta su señoría, en la voz del acusado “no se advierte un tono intimidante”.

Por último, señala que “con fundamento en las pruebas producidas, no se acreditaron los extremos típicos del delito por el que se formulara acusación. Por lo que no se acreditó la existencia material del hecho en términos típicos”. Por su parte, según informaron fuentes judiciales, la fiscal Agustina Olguín –quien había pedido tres años de prisión por el delito de coacción agravada– preparaba hoy la apelación ante la Cámara.

Las amenazas sufridas por los integrantes del equipo de LA BRUJULA 24, que provocaron cambios de hábitos laborales y la disposición de custodia por orden del Ministerio de Seguridad, no pueden ser descontextualizadas y deben enmarcase en las denuncias públicas y judiciales que se vienen realizando, principalmente en casos de narcotráfico y trata de personas.

La “interpretación judicial”, que ahora deja impune este tipo de actos, genera impotencia y envía una mala señal a toda la sociedad. La Justicia debe garantizar la libertad de expresión –y sancionar a aquellos que pretenden coartarla– porque caso contrario provoca un daño a un derecho fundamental en una democracia.

AMENAZA 1

AMENAZA 2