En la provincia de Buenos Aires quieren prohibir cuidacoches y limpiavidrios. Bocacalles despejadas y espacio público libre del servicio informal que se ofrece para una supuesta protección a los vehículos estacionados son el objetivo, según publica el diario Clarín.

Un proyecto de reforma del Código de Contravenciones provincial no deja espacio para hendijas: "Prohíbase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la actividad de cuidacoches y limpiavidrios sin autorización legal", dice el artículo 1. La redacción estuvo a cargo de los legisladores de Cambiemos, Guillermo Castello y Matías Ranzini. Y según dijeron los autores, tiene el aval de la Gobernación bonaerense.

En Bahía Blanca, en los últimos meses hubo violentas peleas entre algunos limpiavidrios y cuidacoches, tanto en la Plaza Rivadavia como en otros secotes del microcentro. Estos casos fueron cubiertos por LA BRÚJULA 24, y aunque no todos son violentos, como suele ocurrir, pagan justos por pecadores.

Desde el Municipio en su momento se había indicado la posibilidad de intervenir en este tipo de tareas con una ordenanza especial, pero fuentes de Alsina 65 indicaron que era “un tema más provincial que local”, cuando se consultó si era necesaria más legislación.

Aunque no existen registros serios o relevamientos censales, la presencia de los denominados "trapitos" se extiende a casi todas las ciudades grandes o medianas, del territorio bonaerense.

Pero resulta que su tarea está dentro de un vacío legal y muchas veces deriva en incidentes entre automovilistas y los "acomodadores" que siempre piden a cambio alguna retribución. La situación se agrava o intensifica en el entorno de festivales públicos, recitales o en los lugares donde se realizan actividades deportivas con asistencia de público masivo.

Los legisladores buscaron definir estas tareas, hasta el momento, carentes de formalidad: describen a los cuidacoches como "personas que ofrecen voluntariamente y sin guardar relación alguna con la administración pública, servicio de estacionamiento o cuidado de vehículos que se estacionan a cambio de una retribución voluntaria de quien recibe el servicio". Y consideran limpiavidrios, a quienes "ofrecen voluntariamente y sin autorización la limpieza de vidrios de cualquier tipo de automotor en la vía pública", también al costo de un pago por esta prestación.

Los autores del proyecto entienden que esta actividad supone "una acción dañosa o de peligro cierto para los bienes individuales o colectivos protegidos". O sea, representan una situación de riesgo para los dueños que se niegan a pagar y roza la extorsión.

"Debemos custodiar el espacio público, que es de todos los vecinos. No pueden pedir dinero por un lugar que es gratuito, o peor aún por aquellos espacios que son pagos", como los estacionamientos en calles que tienen régimen de medición, dijo el diputado Ranzini. La iniciativa prevé sanciones también para quienes lo hacen en forma gratuita, aclararon los legisladores. Y prevé la posibilidad de que los municipios regulen o incluyan trabajadores que asistan el tránsito o los estacionamientos en puntos céntricos. "Deberán dictar ordenanzas y fijar las condiciones y la retribución legal de esos eventuales agentes", dijeron.

"Estas personas asumen una actitud de coerción o de imposición a los propietarios", evaluó Castello. El diputado de la Coalición Cívica (integrante de la alianza oficialista Cambiemos) es autor de una propuesta legislativa que prevé suspender el pago de planes sociales a los beneficiarios que asistan a piquetes y cortes de tránsito, en protestas callejeras.

Los diputados coinciden en que se trata de "acciones nocivas y lesivas para la sociedad". Y por eso, se debe legislar y -en este caso- prohibir esta tarea extendida en casi toda la Provincia.

El Código de Faltas vigente no contempla un encuadre para los trapitos y los jóvenes que buscan una moneda a cambio de mejorar la visibilidad de los parabrisas. "Entonces, los agentes municipales o la policía no puede actuar contra ellos, aún cuando asumen conductas que rozan la violencia", explicó Ranzini.

A partir de la modificación, los infractores podrían ser sancionados con multas de entre 200 y 1.000 pesos, o, con 2 a 10 días de arresto por estar en la vía pública ofreciendo estos servicios. Estas penas se podrían agravar si quien está en falta "portare armas no convencionales", como elementos contundentes o similares que sirvan para quebrar alguna voluntad rígida.

La propuesta deja abierta la posibilidad de incorporar la denuncia de particulares como método de detección de esa eventual contravención. "Hoy existen aplicaciones, la línea 911 y otras herramientas que permitirían tareas de prevención y constatación de estas irregularidades públicas", evaluó el diputado Castello. "Muchas veces, detrás de los cuidacoches, hay mafias que se han organizado para dividirse la ciudad como si fuera un botín, en perjuicio de los vecinos", agregó el representante de la CC.

El régimen legal  sería debatido en las próximas sesiones de Diputados.