Chiqui Tapia desafía a la Justicia: "La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima"

La Inspección General de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, con el objetivo de acceder a información contable y financiera que, según el organismo, no fue entregada pese a requerimientos previos. La decisión quedó plasmada en una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo.

De acuerdo con la IGJ, se detectaron “graves irregularidades” dentro de la entidad. Entre los puntos señalados figuran supuestos balances no presentados y cuestionamientos sobre el cambio de domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires. Desde el organismo sostienen que la veeduría no constituye una sanción, sino una “medida preparatoria” para determinar si corresponde adoptar acciones adicionales.

En respuesta, la AFA difundió un comunicado institucional compuesto por siete puntos y firmado por Tapia, en el que rechazó la decisión y cuestionó sus fundamentos. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, expresaron.

En el texto, la entidad planteó lo que definió como una “contradicción insoslayable”: “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’?”. Además, aseguró que los balances correspondientes a los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados y que se encuentran en trámite administrativo ordinario. Sobre el ejercicio 2025, indicó que no fue presentado ante la IGJ debido a que el domicilio legal está inscripto en la Provincia de Buenos Aires por resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

La AFA también hizo referencia a un antecedente judicial vinculado a la IGJ y sostuvo que recurrirá a la Justicia para impugnar la medida. Según el comunicado, se presentarán recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema.

En otro tramo, la conducción de la entidad vinculó el accionar del organismo con el debate en torno a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y afirmó que existe un “trasfondo político” en la decisión. “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública”, sostuvieron.

El conflicto se desarrolla en paralelo a la discusión sobre la jurisdicción de la AFA, tras el traslado de su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la designación de veedores deberá ser resuelta por el Ministerio de Justicia y podría abrir un nuevo capítulo judicial en la disputa entre el organismo de control y la conducción del fútbol argentino.