Los puntos centrales del borrador final de la nueva ley de Bases

El gobierno remitió este martes al Congreso y a las provincias la nueva versión de la ley de Bases, abarcando aspectos fiscales, económicos y de reforma estatal, con el propósito de avanzar en los principales lineamientos de desregulación económica promovidos por la gestión de Javier Milei. La segunda edición de esta ley “ómnibus” fue recibida por los legisladores de los bloques dialoguistas, con quienes el oficialismo busca llegar a acuerdos antes de iniciar los debates oficiales.

El texto, que originalmente contaba con 644 artículos, ahora se reduce a 279, presentando un carácter más técnico y será sometido a consideración en la comisión de Diputados como el nuevo dictamen de la ley de Bases original, aún en estado parlamentario. Durante toda la jornada, se trabajó intensamente en su redacción en Casa Rosada, y fue cerca de las 21:30 cuando se dio a conocer la versión que será debatida en el Parlamento.

Los 279 artículos se centran mayormente en capítulos relacionados con la desregulación económica, la creación del nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia. En términos previsionales, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes adeudan aportes.

En el primer artículo, el proyecto declara la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Delega en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por esta ley, vinculadas a asuntos específicos de administración y emergencia, según el artículo 76 de la Constitución Nacional, sujetándose a las bases aquí establecidas y por el plazo mencionado.

El Poder Ejecutivo nacional deberá informar mensualmente y en detalle al Honorable Congreso de la Nación sobre el ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos. Este aspecto representa uno de los principales cambios respecto a la ley de Bases original, ya que se redujeron las emergencias y se excluyó la posibilidad de prórrogas. Esta segunda versión también faculta al Poder Ejecutivo para modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no sea posible hacerlo conforme a los procedimientos establecidos en sus normas de creación. La reforma laboral planteada en la ley es menos ambiciosa que la anterior e incluye cuestiones relacionadas con el blanqueo y la moratoria para empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores, así como extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

Para continuar con el plan de recortes, el proyecto encomienda al Ejecutivo llevar adelante las privatizaciones de empresas públicas y también contempla la reducción de la planta de empleados públicos. El personal afectado por medidas de reestructuración que impliquen la supresión de órganos u organismos quedará automáticamente en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses.

Otro aspecto relevante de la ley se refiere al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), permitiendo su inversión de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos establecidos por esta ley y las normas reglamentarias.

Además, se realizan modificaciones a la ley de Hidrocarburos y aspectos relacionados con el gas, como la autorización de importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa. Se establece la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el cual reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Por otro lado, el paquete fiscal, inicialmente retirado de la ley de Bases original, se presenta ahora como proyecto aparte bajo el nombre de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”. El punto más destacado de este proyecto es la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, estableciendo un mínimo no imponible de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos.

En cuanto a la privatización de empresas públicas, el capítulo correspondiente del proyecto abarca casi cuatro páginas y ocho artículos. Se amplía la cantidad de empresas sujetas a privatización de 12 a 18, categorizándolas en función del grado de privatización que podrían experimentar.

Con información de Perfil