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El ministerio de Capital Humano y la ANSES pidieron ser querellantes en la causa de los seguros
El gobierno de Alberto Fernández fue denunciado por favorecer a intermediarios y se pagaron sobreprecios para por pólizas para asegurar inmuebles, autos, obras de arte.
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En una presentación conjunta ante el Juez Julián Ercolini, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES solicitaron ser parte querellante en la causa que investiga los intermediarios de seguros durante la gestión de Alberto Fernández.
Durante esta presentación, ambos organismos estatales, también denunciantes en el caso, aportaron testigos y solicitaron que se realice una pericia de la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos, cuya firma figura en una nota presentada en el expediente. Además, pidieron al Juzgado que se lleve a cabo una pericia contable para determinar el perjuicio económico sufrido por el Estado debido a las acciones de los brokers de NACIÓN SEGUROS S.A.
Según consta en la denuncia, "la ANSES contrató inicialmente directamente con Nación Seguros, pero posteriormente se introdujo de manera injustificada la designación de intermediarios, lo que resultó en el pago de comisiones que perjudicaron al erario público".
Además, se menciona que "por orden del exdirector general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se dispuso la designación de San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros como organizador y de TG Broker S.A. como asesor para intervenir en los contratos mencionados".
En días recientes, el Gobierno presentó una denuncia contra las autoridades de la ANSES durante la gestión de Alberto Fernández por irregularidades en los seguros, en una causa que implica al exmandatario. La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano e incluye cargos por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Esta denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público relacionadas con intermediarios en los seguros durante el mandato de Fernández. La normativa, que fue anulada por el Gobierno, exigía a los organismos estatales tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero permitía la intervención de brokers privados, quienes cobraban comisiones.
Durante todo el mandato de Fernández, la dirección de Nación Seguros estuvo a cargo de Alberto Pagliano, un amigo cercano del entonces presidente. Por esta razón, el fiscal inició una investigación penal contra Alberto Fernández por la presunta contratación irregular de seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, quien es esposo de una de las secretarias del titular del PJ, María Cantero.
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