Investigan el destino de miles de millones de pesos del fondo fiduciario que manejó Grabois

El gobierno de Javier Milei puso la lupa en una multimillonaria caja que manejaba, de manera discrecional, Fernanda Miño, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. Miño es una dirigente que responde a Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.

La auditoría está a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que investiga el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se financia con el 9% del impuesto PAIS.

Son recursos que ingresan en un goteo diario de unos 2 millones de dólares por día y que implican unos $300.000 millones al año, aproximadamente, destinados a obras de urbanización de unos 6.200 asentamientos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Solo en 2023 a ese fondo se le adjudicaron 59.929.

Los movimientos sociales peronistas agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), continuadora de la CETEP de Grabois, fueron las más beneficiadas con esos aportes a través de sus cooperativas para realizar las obras más pequeñas de urbanización.

El Registro Nacional de Barrios Populares también estaba a cargo Miño, ya que era la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, y tenía al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario.

Si bien la auditoría aún está en proceso, se estima que las cooperativas de Grabois y otros piqueteros, como Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, se beneficiaron con unos 24 mil millones de pesos los últimos cuatro años.

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en curso puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a Grabois y Emilio Pérsico.

Durante la gestión de Alberto Fernández, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat formaba parte del organigrama del entonces Ministerio de Desarrollo Social. En la administración de Mauricio Macri, dependía de Infraestructura. Desde el 10 de diciembre, el Gobierno decidió trasladarlo a la Secretaría de Hacienda.

Según pudo saber Infobae, a partir de hoy se constituirá el Comité Ejecutivo del FISU y estará precedido por Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza del Presidente, ya que era su armador político en la provincia de Buenos Aires.

Finalizada la auditoría que supervisa el destino de los miles de millones de pesos destinados a esas obras y en las que intervienen empresas y cooperativas piqueteras, la intención de Pareja -que ocupa el mismo cargo que Miño- es pagar -si todo está en orden- la totalidad de los certificados pendientes del año 2023, cuya documentación implica unos $20.000 millones.

Hasta ahora no se pudieron abonar porque no había firma y Pareja recién se hizo cargo a finales de la semana pasada.

“La idea es ponerse al día con la deuda arrastrada del año pasado porque hay personal de las cooperativas a cargo de las obras que no cobró todavía”, le adelantaron a Infobae fuentes del Gobierno.

Actualmente, hay unas 1.200 obras en ejecución, con distinto grado de avance, que implica recursos por unos $230.000 millones. Muchas de esas obras habrían sido asignadas a cooperativas cercanas a Grabois, pero hasta ahora, en la Subsecretaría de Integración Socio Urbana no tienen precisiones sobre cuántas exactamente porque la auditoría aún no finalizó. Los datos preliminares no revelarían “hechos de corrupción evidentes”, al menos hasta ahora, aunque sí “cierta discrecionalidad en los municipios peronistas como los más favorecidos” y las cooperativas vinculadas a la UTEP.

Cuando La Libertada Avanza se hizo cargo del área, había casi 600 empleados. Por allí también paso la motosierra y se hizo un recorte de aproximadamente el 20%, llevando el número a unos 450. “Está claro que no entraron por concurso. Muchos de ellos eran afines a la gestión anterior y cercanos a Juan Grabois”, afirmó un funcionario de esa subsecretaría consultado por este medio.

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri conforme lo definido en la Ley 27.453, y “tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares y la creación de lotes con servicios”, según se describía en la página web del ex ministerio de Desarrollo Social.

Allí también se describe que: “Las obras a realizarse en los Barrios Populares deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios”.

Pero no todo quedó ahí, el 4 de noviembre de 2022, Fernández, firmó el decreto 728/2022. Con esa medida, el ex presidente benefició de manera directa a las cooperativas de Pérsico y Grabois, entre otros. Le otorgaba a las “Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular” el 30% de la obra pública, bajo la modalidad de contratación que corresponda para montos de $300 millones o menos. Este monto se aclara, “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de las cooperativas”.

Fernández, además, instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”. Es en ese punto es donde entran a tallar las cooperativas de las organizaciones peronistas y, en menor medida, de izquierda.

Para defender los fondos destinados a las urbanizaciones barriales que manejaban cooperativas vinculadas al del MTE y otros movimientos sociales enrolados en la UTEP, Grabois opinó a través de sus redes sociales: “Para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares y crear el millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas -que es lo que necesita Argentina si quiere resolver su crisis habitacional y alimentaria- en un plan de 8 años, se necesitan aproximadamente 3000 millones USD anuales, 24.000 millones total (si te parece mucho, fijate la que fugaron con el préstamo del FMI) más unos 15.000 millones en crédito hipotecario blando para vivienda sencilla… así que la ‘caja’ que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo), sin disminuir el enorme mérito que tienen las obras desarrolladas con una política pública que -lo digo con orgullo- impulsamos desde los movimientos populares y ejecutaron personas brillantes, comprometidas, eficientes y honestas como pocas en este país”.

Según la auditoría en curso, la mayor cantidad de cooperativas beneficiadas con los millonarios fondos para realizar trabajos de urbanización dependían del MTE de Grabois; la Corriente Clasista y Combativa del ex diputado oficialista Juan Carlos Alderete; del Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico, y entre otras organizaciones Somos/Barrios de Pie, cuto coordinador nacional es Daniel Menéndez. Los dos últimos fueron funcionarios de Fernández en el ex ministerio de Desarrollo Social, al igual que Miño.

Quizás ahora se comprenda por qué razón los dirigentes piqueteros presionaban sobre el Congreso para que los diputados no aprueben la Ley Ómnibus y, sobre todo el inciso “h” del artículo 4° del proyecto que le otorgaba al Javier Milei “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Dentro de los 29 fideicomisos que el mandatario quería eliminar o modificar se encontraba el FISU, un hecho que aun Milei puede modificar por decreto. Para Milei estos fondos son una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fue defendido a capa y espada por “la casta” para no perder sus “privilegios” que obtienen a través de ellos.

Fuente: Infobae