ley ómnibus
La OMS critica la política de salud mental de Milei y el fracaso de los gobiernos previos
Señalan que contradicen tratados internacionales en la materia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y su filial regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestaron su rechazo a las modificaciones de la ley de salud mental propuestas por la ley ómnibus del Gobierno de Javier Milei, en un duro documento difundido este viernes.
Fue en respuesta a una carta de referentes de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) que buscaron apoyo del principal organismo internacional de salud para enfrentar los cambios impulsados.
Por un lado, el texto del Gobierno concede reclamos centrales de los familiares de quienes vienen sufriendo la desidia del Estado en materia de salud mental. A la vez, reflota ideas que, creen otros (como la AASM y, se ve ahora, la OMS también), contradicen tratados internacionales en la materia e implican un retroceso con respecto a los avances prometidos en la incumplida ley de salud mental promulgada en 2010.
El escrito de la OMS es duro y enfático, pero no solo contra Milei. También reparte críticas nada menores a los gobiernos previos.
El organismo internacional de salud subraya “la notable demora en el desarrollo de servicios de salud mental de segundo nivel de base comunitaria, en la integración de éstos a las redes de salud de primer nivel, que deberían ser la base del sistema y con hospitales generales, así como en la sustitución de los monovalentes”.
Como parte de esa crítica inicial que va dirigida tanto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como al de Mauricio Macri y al de Alberto Fernández, la OMS destaca que, “en la actualidad, hay una brecha importante entre los contenidos de la ley y su implementación efectiva, lo que pareciera marcar la necesidad de avanzar en la activación del cumplimiento legal, el fortalecimiento de la inversión y de la respuesta sanitaria en salud mental”.
Frente a los cambios sugeridos, el organismo enfatiza que “ciertas modificaciones podrían exacerbar las dificultades ya existentes en la implementación efectiva y contravenir estándares internacionales de derechos humanos”.
Fuente: Clarín
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