Mercado Libre recibe del Estado más de 100 millones de dólares por año

Marcos Galperin es el empresario más rico de la Argentina y, sin dudas, uno de los más influyentes. Construyó Mercado Libre, un imperio digital de ventas y pagos online que es la plataforma de comercio electrónico más grande de la región. Es también la empresa local de mayor valor, con un market cap de más de 82.000 millones de dólares.

Comanda un negocio exitoso que no está exento de críticas, en el país y en el exterior. Y en los últimos meses emergió como un tuitero feroz. Siempre activo en las redes, pasó de discutir años atrás con Juan Grabois y los gremios de Camioneros y La Bancaria –muchas veces con argumentos más que sólidos– a hacerlo con casi cualquier tuitero que se le cruza en el ciberespacio.

Su última pelea “tuitera” tuvo una deriva inesperada y seguramente incómoda. Mientras él da batalla en redes contra “peronia” –forma despectiva que usa para criticar a la Argentina gobernada por peronistas– y celebra que Javier Milei haya llegado para “salir de la decadencia y la pobreza en la que nos hundió el populismo”, el propio balance de la empresa muestra que recibe más de 100 millones de dólares por año en subsidios impositivos, beneficios que le otorga el Estado argentino.

El informe del tercer trimestre del 2023, que la empresa presenta puntualmente ante la SEC de EEUU –porque desde 2007 cotiza en Wall Street– lo describe con detalle. Así, se explica que en agosto de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento emitió la Disposición 316/2021 que aprobó la solicitud de la empresa para acogerse al régimen de promoción de la economía basada en el conocimiento (Ley N° 27.506 complementada por el Decreto 1034/2020). Son apenas dos párrafos de un informe de resultados de 76 páginas.

Allí se explicita que en los primeros nueve meses de 2023, la empresa recibió beneficios impositivos por 35 millones de dólares y 49 millones en concepto de “seguridad social” (aportes patronales). O sea, un total de 84 millones que extrapolados de manera directa superarían los 110 millones de dólares para todo el año.

En 2022, para esos mismos meses, los beneficios habían sumado 35 millones de dólares. En un año, 140% en dólares. Además, tiene otros “descuentos” no mencionados en esas líneas, como beneficios en Ingresos Brutos en Capital Federal y otras jurisdicciones.

El régimen de promoción comenzó con la vieja Ley del Software, que se sancionó en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y tuvo algunas modificaciones hasta la actual ley de Economía del Conocimiento.

La propia “Meli” –según la sigla con la que cotiza– describe su funcionamiento en otro balance, el del año 2022. La norma incluye la reducción de la carga de Ganancias (60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas empresas y 20% para grandes empresas) sobre las actividades promocionadas, aplicable tanto a rentas de fuente argentina o extranjeras; ofrece estabilidad de los beneficios del régimen de promoción; y da un bono de crédito fiscal intransferible por un importe del 70% (que puede llegar al 80%) del aporte a la seguridad social para empleados que hagan las actividades promocionadas que se puede usar contra IVA y, algunos exportadores, también para Ganancias.

“Les corresponde, claro. Es un gran empleador del sector, seguramente uno de los más grandes. Pero también es verdad que es el mayor beneficiario y que por alcance y tamaño, como gesto, podría renunciar. Es un régimen al que se adhiere o no”, explicaron desde el sector tech.

“El monto es muy significativo sobre todo si se tiene en cuenta que sus balances arrojaron, en esos períodos, ganancias totales por USD 1.139 millones en Argentina, con lo que los beneficios fiscales representaron por lo menos 12% de ese resultado a favor”, destacó ayer el periodista Mariano Martin, quien expuso el tema en un hilo de X.

Entre las propuestas para reducir el déficit que el gobierno anterior le pidió al Congreso que sacara con idea de eliminar ciertos beneficios, o “gastos tributarios” –la “separata” de Sergio Massa –, había un renglón para el sector de la economía del conocimiento con un total de casi $137.000 millones para este año (0,04% del PBI). Excluir esos gastos iba a impactar, se explicó en su momento, en las más grandes, con Mercado Libre a la cabeza. El tema no fue tratado por el Congreso ni para el Presupuesto de 2023 ni para el de 2024 (no hubo nuevo proyecto).

VERSUS LOS BANCOS

En paralelo, la tensión de los bancos con la empresa por Mercado Pago es permanente. “Mercado Libre y Mercado Pago son lo mismo: tienen el mismo CUIT para vender online o cobrar comisiones por pagos y ventas. Todo está alcanzado por los beneficios”, dicen desde una de las veredas del negocio financiero vernáculo.

Los bancos no le perdonan a Galperin que el QR de Mercado Pago no esté abierto a tarjetas de otras billeteras digitales. “Si cargo nafta con el QR de Meli puedo pagar con cualquier tarjeta de débito de cualquier billetera, pero sólo con las de crédito que están cargadas en Mercado Pago. No hay interoperabilidad. Desarrollaron Mercado Pago con dinero del Estado y ahora lo cierran. Es un comportamiento monopólico”, aseguraron desde una billetera competidora.

Dos cuestiones clave para el negocio de los medios de pago enfrentan a la fintech de Galperin con los bancos tradicionales. Y en ambos casos, hay normas del Banco Central cuya aplicación fue postergada por pedido de la empresa. Como se dijo, la primera es la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta de crédito, tal como ya existe con los pagos QR con transferencia.

La segunda norma en cuestión es la desactivación del Débito Inmediato (Debin), un mecanismo que utiliza Mercado Pago para que sus usuarios carguen sus tarjetas y cuentas en su billetera y hagan pagos con ellas. Ese mecanismo será reemplazado por las “transferencias pull”, que utilizan las demás apps, incluyendo las bancarias. Si la norma del BCRA entra en funcionamiento, 4 millones de usuarios de Mercado Pago deberán “enrolar” sus cuentas bancarias nuevamente en la billetera.

El trámite varía según el banco, pero puede llevar apenas un minuto y se hace por única vez. Mercado Pago alega que hay problemas técnicos para aplicar la norma que escapan a su red, ya que cada banco debe ajustar sus sistemas, y que ello puede hacer caer dramáticamente el uso de la app. Los bancos niegan que existan esas dificultades y acusan a Mercado Pago, nuevamente, de no abrirse al resto del sistema.

En ambos temas, la nueva gestión del BCRA decidió postergar la puesta en marcha de las medidas hasta el 30 de abril.

Fuente: Infobae