El Gobierno suspenderá 160 mil planes de beneficiarios que viajaron al exterior

El gobierno de Javier Milei suspenderá de forma preventiva 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios en extrema vulnerabilidad social, pero que están siendo cobrados indebidamente por personas que han viajado al exterior, incluso en aviones o cruceros. Esta problemática se arrastra desde la gestión anterior y representa un gasto mensual significativo de alrededor de 12 mil millones de pesos.

Hace más de dos meses, una investigación preliminar liderada por Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), reveló que casi 160 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, el programa más amplio en términos de financiamiento y beneficiarios, habían viajado al exterior en autos, aviones, yates o cruceros. Esta situación contradice claramente el requisito de alta vulnerabilidad económica exigido por el programa.

Funcionarios de alto rango del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, se han puesto en contacto con autoridades judiciales para acelerar los procedimientos necesarios y resolver este problema. La magnitud de la situación es evidente, ya que se están destinando fondos considerables, aproximadamente 12 mil millones de pesos mensuales, para subsidios que no cumplen con los criterios establecidos.

A pesar de la revelación de estas irregularidades hace más de 40 días, las medidas tomadas por la ex ministra Victoria Tolosa Paz y posteriormente por Pettovello no han logrado detener el pago de los planes sociales a personas que no cumplen con los requisitos necesarios. Esta falta de acción ha generado críticas y cuestionamientos, especialmente en un contexto en el que se destaca la escasez de recursos.

Sin embargo, a partir de la próxima semana, el gobierno de Milei podría cambiar esta dinámica si la Justicia formalmente entrega los listados de beneficiarios identificados como aquellos que han viajado al exterior sin necesidad. Estos listados contienen información crucial que permitiría al gobierno aplicar una suspensión inmediata del pago de los beneficios y convocar a los afectados a certificar su condición de "vulnerabilidad social" en un plazo de 10 días.

La Justicia posee los listados con los nombres de estos beneficiarios, y el gobierno de Milei podría tomar medidas preventivas inmediatas para detener el pago de los beneficios a aquellos que no cumplen con los criterios establecidos. Esto incluiría la convocatoria a los afectados para certificar su situación en un plazo definido, evitando así el desembolso mensual de una suma multimillonaria que ha perjudicado las arcas de la Nación.

Fuente: Infobae