Tras reclamo de gobernadores, aceptan discutir cambios en la Ley de Pesca

El Gobierno acusó recibo del scrum de los seis gobernadores patagónicos y aceptó este jueves discutir modificaciones en los fragmentos de la “ley ómnibus” dedicados a la actividad pesquera.

La noticia fue dada a conocer por el ministro del Interior, Guillermo Francos, luego de recibir en la Casa Rosada al mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. De la reunión también participó el ministro de Defensa, Luis Petri.

“Vamos a clarificar algunos puntos de la Ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales. Lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina dentro de las 200 millas”, indicó Francos luego del cónclave.

En la cumbre también estuvieron el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Al respecto el ministro aseguró: “Sintonizamos en la misma frecuencia. La pesca es un sector importante para el país, con mucha mano de obra, y todos queremos proteger el trabajo, la pesca y la industria argentina”. Asimismo reveló que crearán una mesa de diálogo con “todas las jurisdicciones y las cámaras para abordar los temas que competen al sector”.

A su turno el chubutense Torres consideró que “está garantizada la soberanía en las 200 millas”, ya que “la voluntad de la Ley no es la de avanzar en el sentido de comprometer el trabajo nacional”, en referencia a la Zona Exclusiva Económica, una de las principales preocupaciones tanto de los gobernadores como del sector.

También sostuvo que trabajarán en un plan contra la pesca ilegal junto a Petri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Reclamo de gobernadores patagónicos

Torres será el interlocutor de los jefes provinciales que, en alianza y sin fisuras, salieron a cuestionar las modificaciones a la actividad pesquera que el Gobierno planea llevar adelante.

Los mismos son los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa) y los provincialistas Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

A esas voces críticas se sumaron también la del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, quien se reunió el miércoles con referentes empresariales y de los trabajadores del sector pesquero en Mar del Plata. Allí el gobernador manifestó su oposición a los cambios planteados en la “ómnibus”.

“El gobierno de la Provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”, dijo Kicillof en diálogo con la prensa.

Al respecto comentó que “la industria pesquera tiene una importancia superlativa en la provincia de Buenos Aires, por eso hemos establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”.

Discusión

Antes de asistir a la Casa Rosada, el cambiemita Ignacio Torres mantuvo un encuentro en la Casa de Chubut con empresarios del sector de la pesca.

Participaron el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA), Lisandro Balermini; el gerente general de la entidad, Marcelo González; Miguel Glikman, Mariano Pérez y Claudio Guida, de la empresa Newsan; Antonio Solimeno, Alberto Procelli y Daniel Coluccio, del Grupo Solimeno; Fernando Jorge Artigau, del Grupo San Isidro; Gustavo Casanovas y Pedro Gordillo, de la empresa Arbumasa; Guillermo Cervio, del Grupo Iberconsa; y María Luján Galban, del grupo Moscuzza.

Los reclamos de los gobernadores patagónicos se centran en tres ejes específicos: la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos; la competencia desigual en la asignación de cupos de captura generada por la modificación del Artículo 27° del Régimen de Pesca; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, que constaba en el Artículo 40° de la misma ley y establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.

Para los mandatarios del sur, ese combo representa un golpe de muerte para un sector que, en 2022, cosechó exportaciones por casi u$s2.000 millones.

Datos del sector pesquero

En las últimas horas, un video que circulaba por las cuentas de WhatsApp del sector daba cuenta de algunos datos de la industria. Entre ellos, se destaca el empleo de 46 mil trabajadores entre pymes y empresas nacionales e internacionales, con una flota de 806 buques, que abastecen a 377 plantas elaboradoras. A la vez, genera exportaciones por u$s1.800 millones.

“La modificación de la Ley Federal de Pesca pone en riesgo a toda la industria, a su cadena de valor, a la soberanía de nuestro mar y a la salud del recurso”, denuncia la grabación. Asimismo da cuenta que los eventuales cambios ya están impactando en la industria naval.

“El impacto negativo ha sido inmediato y catastrófico. Ningún armador está dispuesto a suscribir un nuevo contrato para reemplazar a su antiguo buque, sin saber si podrá acceder en el futuro a una cuota de captura”, indica.

En paralelo asegura que la industria pesquera es competitiva, exportadora e integrada, con inversiones y empleos genuinos, que, obviamente, pueden mejorar con desregulaciones lógicas. No obstante aclara que ninguno de los reclamos están contemplados en el proyecto de ley.

“No renunciemos a la soberanía del Mar Argentino, no cambiemos empleos genuinos por trabajo esclavo de extranjeros, no detengamos la virtuosa renovación de la flota pesquera y no condenemos a las generaciones futuras a un caladero diezmado”, asegura. Y finaliza: “Queremos ser recibidos y escuchados. Pedimos diálogo para mejorar una industria que funciona y que no merece ser destruida”.

Fuente: LB24 / Ámbito.