Francia aprobó la ley que permite activar de forma remota cámara y micrófono de los smartphones

En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés aprobó recientemente un proyecto de ley que permitirá a la policía acceder de forma remota a cámaras, micrófonos y GPS de dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos de personas bajo investigación por delitos castigados con al menos cinco años de prisión. La medida forma parte de un artículo en un proyecto de ley más amplio para reformar el sistema de justicia en Francia, y se suma a los esfuerzos del gobierno para ampliar la autoridad policial a través de la tecnología.

El artículo 3 del proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Nacional con 80 votos a favor y 24 en contra, gracias al respaldo de los diputados de la bancada presidencial y el Partido Socialista. Sin embargo, los partidos de la Nueva Unión Popular Ecologista y Social, liderados por Jean-Luc Mélenchon, y la derecha encabezada por Marine Le Pen, se opusieron a la medida. A pesar de esto, algunos senadores del partido de Le Pen y otros bloques centristas anunciaron que votarían a favor de la ley después de una semana de protestas y disturbios en París y otras ciudades del país. La promulgación de la ley por parte del presidente de la República está pendiente y durante este período los parlamentarios aún tienen la posibilidad de apelar al Consejo Constitucional.

En cuanto al proceso de vigilancia, Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica, explicó que, para que las autoridades puedan activar la cámara y el micrófono de un dispositivo móvil, el usuario debe instalar una aplicación y otorgar permisos específicos. Sin embargo, es poco probable que los usuarios brinden esa autorización, por lo que Gutiérrez sugirió que se requiera una orden judicial para que los operadores de telefonía móvil permitan el acceso a estas funcionalidades.

En relación a la geolocalización de dispositivos, Gutiérrez mencionó que las autoridades pueden rastrearlos a través de los operadores de telefonía móvil sin la necesidad de acceder físicamente al dispositivo. Esto se logra a través del identificador único del dispositivo y permite seguir el movimiento de una persona a través de las antenas celulares a las que se conecta.

La ley francesa contempla dos partes principales. La primera autoriza la geolocalización en tiempo real de personas bajo investigación, mientras que la segunda permite a las autoridades capturar de forma remota el sonido e imágenes de personas buscadas por casos de terrorismo y delincuencia organizada. El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, defensor de la ley, indicó que esta medida solo afectará a unos pocos casos cada año.

Durante el debate legislativo, se agregó una enmienda que exige la aprobación de un juez para cualquier vigilancia realizada bajo esta nueva normativa. Además, se establece un límite de seis meses para el acceso a cámaras y micrófonos durante una investigación en curso.

Grupos parlamentarios de izquierda criticaron el proyecto, argumentando que representa una deriva autoritaria y que viola la privacidad de las personas. Sin embargo, los partidarios de la ley destacaron las garantías contempladas en la legislación, afirmando que solo se aplicará en casos graves y requerirá la aprobación de un juez.

La Quadrature du Net, un grupo de defensa de derechos digitales en Francia, emitió un comunicado en el que rechaza la iniciativa del gobierno, argumentando que socava el derecho a la seguridad, la privacidad y la correspondencia privada, así como el derecho a la libre circulación.

La promulgación de la ley sigue pendiente, pero se espera que entre en vigor en los próximos meses, sujeta a las posibles apelaciones al Consejo Constitucional.

Con información de Infobae