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Fuerte reclamo para que presos narcos dejen de tener celulares
El titular de la PROCUNAR Diego Iglesias participó de una reunión que decantó en ese pedido al Gobierno por parte del Procurador General de la Nación.
La Procuración General de la Nación le pidió hoy al Gobierno Nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes narcos sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó en investigaciones judiciales. Para eso le volvió a enviar una serie de propuestas que le había remitido en octubre de 2021, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios.
El pedido surgió después de una reunión que se realizó esta mañana en la Procuración en la que participaron distintos fiscales que analizaron el estado de situación después de los hechos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad de Rosario y fue dirigido al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal —a cargo de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori— en cuyas cárceles de máxima seguridad están detenidos los principales jefes narcos del país.
Además de la nota al Gobierno Nacional, la Procuración a cargo de Eduardo Casal le pedirá al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que se promueva un abordaje entre distintos organismos del Poder Judicial para continuar con el análisis de propuestas sobre el tema.
Del encuentro participaron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; la Fiscal de Investigaciones Administrativas, Andrea Garmendia Orueta; y los integrantes del Departamento de Investigaciones y Litigio de la PIA, Alejandro Patuna Sumicky y Luis Arocena.
Cada área analizó la situación de lo que ocurre en las cárceles federales. Por ejemplo, se hizo referencia a que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad prohíbe el uso de celulares en las unidades de detención a pesar de los cual los internos los poseen. Esa misma norma establece que “se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”, lo que nunca se hizo.
Fuente: Infobae
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