Comienza el juicio contra “La Liga”, la banda que apretaba competidores en los remates

Comienza hoy en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº 3 el juicio oral y público por la causa denominada “La Liga”, en la cual inicialmente se vinculaba a 16 personas investigadas por distintas maniobras, directas o indirectas, vinculadas con el accionar de la banda que coaccionaba y estafaba en remates judiciales que se hacían en Bahía Blanca y la zona.

Son siete los acusados que llegan a juicio oral y público: se trata de Claudio Daniel Trabucco, Claudio Oscar Del Valle, Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Néstor Horacio García, Rodrigo Emanuel Garcia y Marcelo Alejandro Sansoe.

Días antes de la concreción de la audiencia se presentaron acuerdos de juicios abreviados por cuatro de ellos (Trabucco, Ponce, Roldán y García) con penas que llegan hasta los 7 años de prisión. Respecto de Sansoe se firmó una suspensión de juicio a prueba por 1 año y 6 meses, por el delito de estorbo o impedimento de acto funcional y tentativa de estafa procesal en concurso material de delitos, en carácter de coautor.

Por lo tanto, serán sometidos a debate oral y público Claudio Oscar Del Valle por los delitos de asociación ilícita agravada por considerarlo jefe u organizador, coacción, estafa procesal y extorsión; y Rodrigo Emanuel García por los delitos de asociación ilícita en calidad de autor, coacción, estafa procesal, tentativa de estafa procesal y estorbo o impedimento de acto funcional.

La causa se inició en el año 2015 en la UFIJ N.º 9, a cargo del Fiscal Sebastián Foglia, y el juicio oral será llevado a cabo por el Fiscal Gustavo Zorzano.

Tal como indicó La Brújula 24, según la investigación realizada se habría determinado que: “En la órbita del Departamento Judicial Bahía Blanca, desde al menos el año 2013 hasta finales del año 2018, los imputados Claudio Daniel Trabucco y Claudio Oscar Del Valle –como organizadores- junto con Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán, Néstor Horacio García, Rodrigo Emanuel García y otras personas no identificadas hasta la fecha –como miembros-, conformaron una sociedad informal autodenominada “La Liga” destinada a cometer distintos delitos en perjuicio de la libertad de las personas, la propiedad privada y la administración pública en la esfera de las subastas judiciales ordenadas en el ámbito del Departamento Judicial Bahía Blanca operando sincronizada y coordinadamente y montando distintas maniobras con el propósito principal mancomunado por todos y cada uno de sus miembros de consolidar una suerte de monopolio de los remates judiciales por parte de esta organización a través de conductas fraudulentas y/o violentas, impidiendo la concurrencia libre de los terceros a las subastas judiciales, fijando precios, perjudicando a deudores y/o acreedores y engañando a los jueces de los procesos en que se ordenaran los remates, con el fin de obtener beneficios económicos ilegítimos”.

“La amplia gama de acciones que realizaron indistinta y alternadamente los imputados abarcaron desde acciones intimidatorias y coactivas sobre los legítimos terceros interesados en la adquisición de los bienes objeto de subasta; la exigencia del pago de una suma dineraria para evitar la intervención de “La Liga” en el acto de remate; el fracaso del acto de subasta a través de conductas fraudulentas; el otorgamiento de contratos simulados y fraudulentos; la turbación o entorpecimiento del propio acto de remate, etc., que les permitió obtener ganancias ilegítimas lesionando la tranquilidad y el orden público, afectando la administración pública y el normal desarrollo del sistema de administración de justicia del Poder Judicial en este Departamento Judicial y perjudicando el patrimonio y la libertad de terceras personas”.

“Es una organización que operaba en subastas judiciales. En un juicio, el juez ordena que un bien se venda en un remate, en ese caso el martillero colabora. Estas personas conocían todos esos remates y operaban en los mismos, durante como también antes o después, para tratar que el bien sea adquirido a bajo precio por determinada persona”, refirió el profesional.

Y respecto del modus operandi, describió: “Amenazaban, extorsionaban y realmente la gente muchas veces por miedo no ofertada. Y de esa manera obtenían la propiedad a un precio mucho más bajo, lo cual beneficiaba a algún integrante del grupo o una persona que acordaba con ellos la compra”.

“En muchos otros casos vimos situaciones distintas, de personas que no acordaban con ellos y entonces pujaban ellos para elevar el juicio, pagando sumas desmedidas”, contó.