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los motivos

Prescribirían más de dos mil causas en Bahía por violación a la cuarentena

A dos años del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ya se encaminan a quedar sin efecto las penas por su incumplimiento.

Transcurrieron más de dos años de la declaración de la pandemia y sus implicancias en el normal desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos. Aquel Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impedía la libre circulación de personas por las calles del país, evitando que se propague el coronavirus.

En Bahía Blanca, se labraron más de dos mil causas por violar el artículo 205 del Código Penal. La enorme mayoría de ellas descansa en los despachos aguardando por un dictamen que establezca la pena que le corresponde a cada uno de los que violó la cuarentena.

Sin embargo, según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, las mismas van camino a prescribir. La razón está vinculada con la imposibilidad de evaluar cada uno de los casos en particular, lo que amerita gran cantidad de tiempo para el estudio que deben realizar los funcionarios, exceptuando aquellas que tengan algún agravante en juego.

Luego de que se determinara el paso de cada uno de los expedientes abiertos desde la Justicia Federal a la provincial y aspectos más que atendibles que están vinculados con la economía procesal encaminaron esta situación que parece irreversible.

Cabe recordar que en el artículo 4 del decreto presidencial, Alberto Fernández establece ante las violaciones del ASPO “se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.

En realidad, el 205 es el más importante, por eso las causas se conocen como las “del 205”. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia” dice ese apartado del Código Penal.

El otro artículo mencionado en el DNU de Fernández, el 239, dice que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

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