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La Fiscalía General dijo que las pruebas reunidas a partir de denuncias anónimas son válidas
El Dr. Juan Pablo Fernández también defendió el uso del drone que captó imágenes aéreas durante un allanamiento en una causa por drogas.

El Dr. Juan Pablo Fernández, Fiscal General del Departamento Judicial Bahía Blanca, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal en la causa que se le inició a cuatro personas –dos de ellas concejales- que tienen domicilio en Tornquist. Se trata del expediente caratulado “Haag, Teresa María; Labarthe Federico Sebastián; Navas Omar Enrique; Raising Cristian Manuel s/estupefacientes -Tenencia simple (artículo 14 primer párrafo – Ley 23737 (Reiterados)".
Este medio informó el 25 de marzo que, por resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, fueron declaradas nulas las actuaciones que se iniciaron contra María Teresa Haag, Omar Navas, Federico Labarthe y Cristian Raising (los últimos dos concejales de Cambiemos), por el delito de tenencia simple de estupefacientes. La Cámara resolvió el recurso de apelación que planteó el Fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N° 19, contra la resolución dictada por la jueza de Garantías Marisa Promé, por la que no se hizo lugar a la elevación a juicio de la causa penal.
El escrito, fundamentó el representante del Ministerio Público, tiene vinculación con la resolución dictada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca del 23 de marzo de 2022 y por la cual se resolvió disponer la nulidad de la resolución de fs. 54/56 (que ordena un allanamiento), haciéndola extensiva a sus actos consecutivos (resultado del allanamiento, secuestros y actos en que esas evidencias fueron objeto de valoración, incluyendo la resolución apelada por la que se sobreseyó a todos los imputados por considerar que los hechos no encuadraban en una figura legal y que motivara la intervención de la Cámara).
“El presente recurso resulta admisible por cuanto el resolutorio impugnado constituye un auto dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que declara la nulidad de la resolución apelada y de los elementos de convicción colectados durante la investigación e imposibilita que continúe el ejercicio de la acción penal emergente de los hechos atribuidos a los imputados, lo que resulta equiparable a sentencia definitiva (artículo 450 del C.P.P.). Asimismo, lo resuelto amerita en el presente su descalificación como un acto judicial válido en función de la Doctrina de la Arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y conlleva el planteo de la cuestión federal por sentencia arbitraria (art.14 de la ley 48), configurándose una situación que violenta al régimen republicano de gobierno en función de la arbitraria valoración que se realizara de la prueba, así como la vulneración de los principios de legalidad procesal e igualdad ante la ley (artículos 1, 16, 18, 19 y 31 de la Constitución Nacional).
Alivia saber que para la Fiscalía General es absolutamente válida la denuncia anónima. Mucho más cuando se trata de temas vinculados a la droga y a políticos. Siempre existe MUCHO TEMOR. El MPF apeló la resolución de Cámara q volteó la prueba contra los concejales de Tornquist. pic.twitter.com/NbFRCXHfqD
— Germán Sasso (@SassoGerman) April 4, 2022
El Dr. Fernández abordó la cuestión devenida de la calificación de “uso arbitrario” del drone que se empleó durante la investigación. En ese sentido citó informes que obran en el expediente que dan cuenta de un uso legal y “respetando la línea municipal, sin invadir el espacio aéreo” de la casa donde se realizó el allanamiento.
Por estos y otros argumentos, el Fiscal General solicitó que se dicte resolución admitiendo el presente recurso, se anule el resolutorio impugnado y se remita la causa a un nuevo tribunal hábil para que resuelva el recurso de apelación interpuesto oportunamente.
También señaló el Dr. Fernández la equivocada percepción de la resolución objetada en el sentido de quitarle valor al inicio de una causa dándole crédito a una denuncia anónima.
“Se hicieron diligencias adicionales de investigación referidas a la constatación de los domicilios de los imputados, sus características y se obtuvieron elementos de convicción adicionales, como fotografías con -y sin- el dron, que acrecentaron la verosimilitud de lo denunciado. Es por ello que es arbitraria la conclusión de la resolución que se impugna en cuanto afirma que se contaba ‘solamente con la información que surgía de dos escritos anónimos y de tareas policiales que poco aportaban sobre la efectiva comisión de delitos’, en tanto ello contraría expresas constancias de la causa que se ignoran en tal conclusión”, indica la presentación del jefe de los fiscales bahienses.
“La negación de los motivos existentes como suficientes para justificar el allanamiento se erige en una irracionalidad negatoria del régimen republicano de gobierno. Arbitrariedad que choca, por lo expuesto, con las reglas de la sana crítica racional”, afirmó también.
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