Empresas se comprometen ante la Justicia a reducir la contaminación

Una inédita resolución fue dada a conocer en las últimas horas por la Justicia Federal en el marco de la contaminación ambiental, asumiendo un compromiso aún mayor para evitar que esta problemática denunciada hasta el hartazgo continúe afectando la vida de los bahienses.

Como es sabido –y hay estudios que lo certifican científicamente– la ría local representa un riesgo para la salud por los líquidos cloacales no tratados por ABSA. Recién hace un corto tiempo hay una planta de reúso que falta complementar, algo que prometió el gobernador Kicillof.

También por los “aportes” que realizan las empresas del Polo Petroquímico en cuanto a metales pesados que matan a los peces, lo que motivó una infinidad de presentaciones por parte de pescadores damnificados

Una de ellas tuvo fallo de la Cámara Federal y lo novedoso es que los jueces fueron por el lado de la búsqueda de una solución a la contaminación. Lejos de dictar multas que no les pesan a las empresas y ahora buscarán remediar el problema denunciado.

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez firmó a finales de 2020 una serie de convenios con las empresas del Polo (la primera fue Profertil y el resto se sumarán en las próximas semanas), acordando para que se contamine mucho menos y se limpie la ría, en el lapso de los próximos 18 meses.

Todos estos acuerdos debían ser homologados por la jueza federal María Gabriela Marrón, quien en las últimas horas hizo lugar a esa solicitud y firmó la resolución en la que se pretende que se involucren también a los Estados, tanto municipal como provincial, para que acompañen el compromiso asumido por las diferentes empresas ante la Justicia

“Las herramientas jurídicas clásicas deben necesariamente pensarse de manera tal que se logre la tutela ambiental dentro del contexto económico y social actual, razonable y racionalmente, en orden a la consecución del desarrollo sustentable, eje de todo el sistema”, menciona el escrito de la doctora Marrón.

Y añade: “El complejo problema que para los esquemas clásicos de responsabilidad –tanto civil como penal– representa la cuestión ambiental deriva de las especiales características del prejuicio, de los actores y personas involucradas –la sociedad y comunidad toda–, de los costos producidos, etcétera, lo que obliga a replantear profundamente el orden normativo y acoger fervientemente las ideas de reparación, prevención y precaución en forma paulatina, por sobre los fines tradicionales de las distintas ramas del Derecho”.