El Colegio de Magistrados bonaerense defendió los fallos por excarcelaciones

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense emitió un duro comunicado cuestionando a quienes se expresaron a favor de sancionar a los jueces "por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales", en clara alusión a las recientes resoluciones que otorgaron prisión domiciliaria a detenidos argumentando los riesgos por la pandemia del COVID-19.

En el escrito afirma que cada una de las resoluciones que emiten los jueces "han sido analizadas por los magistrados caso por caso", que la cantidad de cárceles en la provincia de Buenos Aires "son insuficientes" y que es necesario "mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias".

El comunicado lleva como título "Sobrepoblación carcelaria en contexto de pandemia" y allí el colegio que reúne a los jueces y funcionarios del Poder Judicial bonaerense expresa "su rechazo a la injerencia debida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales".

Esto se da en medio de expresiones contrarias a las decisiones judiciales de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria, en varios casos a delincuentes que cometieron homicidios o violaciones, y la posibilidad de someterlos a juicio político.

"Las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas han sido analizadas por los magistrados caso por caso", indica el texto, en el que hace hincapié en que "las cárceles en la Provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de la libertad" y que ese "desequilibrio desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales".

"Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos políticas públicas, no edificamos cárceles ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes", agrega.

Ya sobre el final del comunicado puntualiza la necesidad de "asignar mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas de monitoreo confiables a fines de optimizar la protección de la ciudadanía".

(Fuente: El Día)