Amenazas a la privacidad con el coronavirus

Vivimos en tiempos convulsos. La crisis generada por la expansión del Coronavirus (Covid19) ha creado una situación que casi nadie podía haber siquiera imaginado hace solo unos pocos meses.

La pandemia ha traído consigo la aplicación de una amplia batería de medidas extraordinarias diseñadas para frenar la expansión del virus. Las estrategias adoptadas han variado ligeramente según países y regiones, pero la respuesta, en general, ha seguido patrones parecidos.

Una de las actuaciones más extendidas ha tenido que ver con la restricción de la libre circulación de los ciudadanos, tanto a nivel de trayectos locales y regionales, como de movilidad transnacional e internacional. En muchos países, como es el caso de España, los traslados permitidos se han limitado a una serie de supuestos básicos muy concretos. Pero incluso otras naciones que inicialmente optaron por un enfoque de actuación más laxo frente a la enfermedad (como el caso de Reino Unido o Suecia, entre otros), se han visto obligados al aumento paulatino de las restricciones a medida que ha ido avanzando la epidemia.

Paralelamente a este tipo de medidas, se ha producido un considerable aumento de la vigilancia ciudadana por parte de los poderes estatales —con la intención o el pretexto de aplicar eficazmente esas medidas de alivio y monitorizar el avance del Covid.

La tecnología de nuestra era, por primera vez, es capaz de vigilar a la práctica totalidad de las personas, en prácticamente todo momento. Nuestros teléfonos móviles se han convertido en dispositivos extremadamente eficaces a la hora no solo de rastrear nuestra posición y nuestros parámetros de salud (lo que podría ser útil para controlar los movimientos de las personas infectadas o de posibles contagiados), sino también para conocer nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras opiniones.

Uno de los países que más ha implementado estos nuevos sistemas de vigilancia es China, donde además del rastreo y control ciudadano a través de dispositivos móviles, han desarrollado y perfeccionado sistemas de reconocimiento fácil por video-vigilancia y otros sistemas de clasificación ciudadana para afrontar la situación. Pero es el único país que ha dado pasos en esta dirección, la lista es muy amplia, pocos se quedan fuera de esta tendencia: desde Australia o Israel hasta Singapur o Corea del Sur pasando por la mayoría de países europeos incluida la propia Comisión Europea, los gobiernos y altas instituciones de estos y otros países han solicitado a las grandes operadoras de telecomunicaciones datos de localización de sus usuarios para apoyar las labores de seguimiento del virus. El propio gobierno español aprobaba hace poco una norma que permite la geolocalización por móvil de todos los ciudadanos a “efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”.

Algunas de estas medidas se han tomado por vías de decretos de emergencia o figuras similares que, ante la situación de especial necesidad, otorgan a los gobiernos capacidades legislativas especiales sin la necesidad de someter las nuevas medidas a los mecanismos de control normales.

El problema de estos medios de vigilancia no son los medios en sí, que, aplicados de manera adecuada para hacer frente al coronavirus podrían resultar efectivos y pertinentes. El problema sería que esas medidas se extiendan más allá del ámbito de aplicación para el que se han concebido. Y por desgracia no sería la primera vez que algún gobierno extiende una medida temporal adoptada en un periodo de emergencia pasado ese periodo. Ante esta invasión es importante que los usuarios aprendan a proteger su privacidad con todas las herramientas en su mano.

La tecnología avanza en la actualidad a un ritmo vertiginoso y el acceso a la ubicación, unida a la datos de navegación e información biométrica a la que ya a día de hoy se puede tener acceso a través de nuestros teléfonos podría, en cualquier momento, aportar información sobre nuestras preferencias políticas, opiniones o incluso sobre nuestra personalidad (ya que las emociones tienen efectos físicos medibles a través de datos como la temperatura corporal, la presión sanguínea, el ritmo cardiaco, etc.). ¿Y a qué gobierno, a qué dirigente, a qué empresa no le gustaría tener acceso a una información tan valiosa?

La eficacia de la detención de la pandemia a través de estos sistemas de monitorización y rastreo tienen, por tanto, el potencial de legitimar un sistema de vigilancia implacable del que sería difícil mantenerse al margen. Y es que el miedo a la enfermedad podría suponer el abono perfecto para un aumento de la vigilancia gubernamental que supondría una importante amenaza para la libertad una vez pasase la crisis.

¿Optarán los gobiernos por fomentar el empoderamiento ciudadano a través de la transparencia en la información, la responsabilidad institucional y ciudadana, y la comunicación, limitándose a apoyarse en la tecnología y su potencial para usos legítimos; o aprovecharán la situación y los avances tecnológicos para aumentar su poder y legitimar el control a los ciudadanos? Algunos países como Corea del Sur o Suecia parecen haber optado por la primera opción con resultados positivos en la lucha contra el Coronavirus. En otros, la respuesta no parece estar tan clara.